10 de octubre de 2007

Por: La Opinion


Las computadoras portátiles (laptops) forman parte del equipaje de millones de viajeros en los aeropuertos estadounidenses. Pero si bien muchos de ellos son conscientes de los riesgos de robo y pérdida que conlleva portar una, la gran mayoría desconoce que estos aparatos pueden ser no sólo inspeccionados, sino también confiscados ?incluso indefinidamente? por las autoridades.


"Muy poca gente está al tanto de los amplios poderes para descargar y revisar información, algo crítico para los viajeros de negocios", dice Susan Gurley, directora ejecutiva de la Asociación de Viajeros Ejecutivos de Corporaciones (ACTE), informando que una encuesta reciente de su organización reveló que casi el 87% de los viajeros ignoraba este hecho.


Gurley señala que, invocando razones de seguridad nacional, los poderes de la Patrulla de Aduana Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) son prácticamente ilimitados en este sentido.


"Según el DHS, no hace falta que se hayan indicios o razones para sospechar, sino que potencialmente cualquiera corre el riesgo de que accedan a un gran volumen de información confidencial y privada", dice Gurley, indicando que esas son las razones que han llevado a ACTE y a la Fundación de Frontera Electrónica (EFF) ?una organización no lucrativa de apoyo a las libertades civiles? a pronunciarse legalmente contra estas prácticas.


La raíz estuvo en el caso de Michael Arnold, un viajero cuya computadora fue confiscada en el aeropuerto de Los Ángeles en 2005, sin sospecha previa, pero que ha sido procesado bajo alegatos de que contenía pornografía infantil. Aunque ACTE y EFF no se pronuncian sobre la culpabilidad o inocencia de Arnold, decidieron presentar en junio pasado un expediente de apoyo ?amicus brief? invocando la decisión de un juez del Distrito Central de California que en 2006 estableció la necesidad de que existieran "sospechas razonables" antes de examinar los contenidos de una laptop.


La decisión de dicho juez fue posteriormente apelada por el Departamento de Justicia, estando pendiente de lo que decida el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en Pasadena el próximo jueves 18 de octubre.


"Lo que se decidirá entonces es la necesidad de que haya sospechas o no antes de acceder a los contenidos de una computadora", explica Lee Tien, abogado de EFF, señalando que en caso afirmativo, probablemente el gobierno vuelva a apelar, de forma que la decisión quede en manos del tribunal supremo.


Tien considera que la información contenida en una computadora debería estar tan protegida como la de una casa, y que acceder a la misma sin indicios que lo justifiquen es inconstitucional, violando el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión y asociación.


Sin comentar específicamente sobre ningún caso concreto, Lynn Hollinger, portavoz del DHS, informa: "La intención de la CBP no es someter a los viajeros a búsquedas y retenciones indebidas de sus laptops", pero añade que la entidad tiene amplia autoridad de investigación en las fronteras".


La portavoz sostiene que la ley federal otorga a la CBP poder para confiscar una computadora sobre la que exista sospecha de actividad terrorista o criminal. Sin embargo, no aclara si para el paso previo ?acceder a la información? es necesaria sospecha alguna.


La probabilidad de que este tipo de actuaciones le sucedan a un viajero es difícil de determinar, ya que el DHS no facilita estadísticas. En ACTE sólo cuentan con el testimonio de dos miembros cuyas computadoras fueron confiscadas, ninguno de los cuales quiso hacer declaraciones para este artículo.


Igualmente Arnold ni sus abogados quisieron comentar sobre su caso. Sin embargo, Gurley matiza que no se trata tanto de una cuestión de frecuencia como de principios.