24 de octubre de 2007
Por: Primera HoraVirginia Romero se quedará con el teléfono celular que tiene porque, aunque no está conforme con el servicio que le provee la compañía con la que contrató, “me sale como en $400 cambiarme porque no se ha vencido el contrato todavía”.
“Las penalidades son altísimas”, dijo Romero, celular en mano, a su salida del centro comercial Plaza Las Américas. “Sabía que había una penalidad, pero no sabía que era tan alta”, agregó.
En el caso de Lourdes Delgado, ella también quisiera cambiarse pero opta por no hacerlo porque, además de la penalidad que tendría que pagar, le toma demasiado tiempo.
De hecho, el estudio del Instituto de Política Pública de AARP -la asociación de personas retiradas en Estados Unidos- señala que las empresas proveedoras ponen varios obstáculos, incluyendo la pérdida de tiempo, para quitarles incentivos a los clientes de cambiarse, limitando de ese modo las opciones del consumidor en lo que se supone sea un mercado libre.
Lee el estudio realizado por AARP
Si un individuo va a buscar un celular a uno de los seis proveedores en la Isla, el contrato que firmarán será de adhesión; es decir, la compañía lo presentará y el consumidor lo rechazará o aceptará. No es bilateral, pero tampoco lo es en un sinnúmero de industrias masificadas.
Sara Soler Montequín dijo ayer que también desearía rescindir su contrato con la compañía que le provee servicios porque “cuando voy allí son antipatiquísimos”.
“Pero como tengo un contrato de dos años con ellos, todavía no me puedo cambiar a menos que pague $200 de penalidad y ellos saben eso y se aprovechan”, declaró.
Una de las conclusiones del estudio de AARP, disponible en Internet, plantea que “en la industria de teléfonos celulares, en la que prevalecen los contratos de largos términos, estructuras de precios complejas y confusión entre los consumidores, los usuarios toman riesgos considerables al cambiarse de compañía. Los mercados competitivos funcionan mejor para los consumidores cuando se le otorga libremente al consumidor la habilidad de cambiarse entre distintos proveedores”.
Por su parte, Miguel Reyes, presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, insistió en que cualquier consumidor debe orientarse bien y verificar las opciones de los seis proveedores antes de firmar un contrato que lo atará por uno o hasta dos años.