16 de noviembre de 2007

Por: Primera Hora

 Los empresarios Gustavo Rivera Vázquez y Fernando Soto Rivera hicieron ayer alegación de culpabilidad por los cientos de cargos que se le imputaban por un millonario fraude piramidal ocurrido durante los años 2004 y 2005, desde las oficinas que operaban en Quebradillas y Mayagüez, respectivamente.

Rivera Vázquez y Soto Rivera acudieron ayer a una vista preliminar en alzada ante la jueza María Isabel Negrón, luego que en la vista preliminar no se encontrara causa por 357 de los 1,679 cargos que pesaban contra los imputados.

Ayer, Rivera Vázquez se allanó a que se le encontrara causa por 179 casos de apropiación ilegal agravada y Soto Rivera por 178. Luego sus abogados defensores, Ludwig Ortiz Belaval y Héctor Marti se reunieron con el fiscal Marc Thyz, de la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, para informarle que sus clientes se declararían culpables por la totalidad de los delitos imputados.

Tras esa decisión, las partes entraron a la sala presidida por el juez de Apelaciones Germán Brau Ramírez, quien recibió una designación especial para que presidiera el juicio en su fondo el mismo día de ayer.

Entonces, ambos acusados hicieron alegación de culpabilidad en todos los cargos que se le imputaban.

En el caso de Soto Rivera, éste hizo alegación de culpabilidad por 817 cargos de apropiación ilegal agravada y por violaciones a la Ley de Valores de Puerto Rico.

También hizo alegación de culpabilidad por otros 20 cargos por los mismos delitos en hechos ocurridos en la zona metropolitana a través de la empresa Global Trading de la que formaba parte en otro esquema piramidal.

En cuanto a Rivera Vázquez, éste hizo alegación de culpabilidad por 852 cargos de apropiación ilegal agravada y violación a la Ley de Valores de Puerto Rico.

El Ministerio Público aclaró que no había acuerdo con los imputados y que habrá de solicitar que la sentencia, que se dictará el 8 de febrero, sea con agravantes. Ese día el juez Brau Ramírez citó a las partes para imponer las penas correspondientes.

Agentes de la Unidad de Delitos Contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez investigaron el fraude piramidal en el que hubo 406 perjudicados, residentes prácticamente en todas las regiones de Puerto Rico.

El fraude consistía en hacer una inversión de -entre $1,000 hasta los $200,000- que luego se duplicaría en un periodo de 90 días. Pasaron los meses y los perjudicados no recibieron el dinero invertido.