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  Por el libro

19 de marzo de 2008

Por: El Vocero

No será hasta la semana próxima que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) finalmente decidirá si revoca o reafirma una serie de penalidades a sus abonados morosos, pese a que la confusión y las contradicciones reinaban ayer martes en la corporación pública donde sus principales ejecutivos trataban de distanciarse de un controvertible reglamento que estuvieron planificando por años y dieron su visto bueno en noviembre pasado.

Ante el impacto de la reacción al reglamento, el director ejecutivo de la AEE, Ing. Jorge Rodríguez, reclamó públicamente que ya había derogado un nuevo reglamento para términos de servicio que había sido propuesto y endosado por él mismo alegadamente luego de múltiples cambios.

Simultáneamente, uno de los principales aliados de Rodríguez, el presidente de la Junta de Gobierno de la agencia, Lcdo. Luis Aníbal Avilés Pagán, negó que se haya derogado el polémico sobrecargo y explicó que se suspendió hasta que la Junta de Gobierno de la AEE revise la situación.

Avilés reveló que la decisión estará en manos de sus colegas de la junta la semana próxima cuando considerarán si reescribir o no los cambios aprobados el pasado 27 de noviembre en la resolución número 3478.

El presidente de la junta de la compañía de la luz explicó en entrevista telefónica con EL VOCERO desde la ciudad de Nueva York a donde había viajado con Rodríguez, que el lunes en la noche éste le había solicitado permiso para suspender temporeramente el cobro de una penalidad del 8% sobre su factura a los abonados morosos luego de que se le informase que la prensa iba a divulgar algunos de los detalles del nuevo reglamento que impone una serie de nuevas penalidades a los abonados morosos, salvo al gobierno central y a las corporaciones públicas.



Amenaza de aumento en fianzas



Bajo el inocuo nombre de Reglamento de Términos y Condiciones para el Suministro de Energía Eléctrica y con fecha del 11 de febrero de 2008, el reglamento #7464 de la AEE reescribe las reglas del juego a las que estarán sujetos los consumidores en el futuro. Entre estas nuevas reglas está una penalidad del 8% en las facturas morosas, excepto las del gobierno central o las corporaciones públicas; una penalidad del 2/3% a cualquier abonado cuya factura exceda $1,000 o exceda el importe de dos facturaciones, lo que sea menor; nuevas condiciones sobre las garantías que le permite a la AEE aumentar las fianzas a cualquier abonado que refleje dos atrasos en un período de doce meses así como requerir una fianza mayor si la compañía de la luz decide que es apropiado.

"Me pidió autorización para suspender el cobro hasta que nos traiga unas recomendaciones", dijo Avilés, quien añadió que ya previamente Rodríguez "nos había expresado la preocupación de que habían quedado cabos sueltos… Recogeremos las recomendaciones del director ejecutivo".

Por su parte, Rodríguez, quien no estuvo disponible para este diario pese a las múltiples solicitudes de una entrevista, había asegurado en diferentes medios a lo largo del día que el recargo había sido ya eliminado por orden suya. "No se va a implementar (la penalidad) y hasta estos momentos está sin efecto esa implementación. Yo paré esa implementación, yo di una directriz de que este reglamento no se va a implementar. Se le va a dar crédito a todas las personas que se le haya cobrado el 8%", dijo Rodríguez en una entrevista radial.

Para entonces ya un funcionario de la AEE que pidió no ser identificado le había dicho a este diario que la implantación del recargo por la Oficina de Servicio al Cliente había tomado a Rodríguez por sorpresa ya que éste no le había dado su visto bueno.

Pero esta afirmación así como las declaraciones de Rodríguez tomaron por sorpresa a una serie de veteranos funcionarios de la AEE, quienes explicaron que es el director ejecutivo quien somete cualquier reglamento o condición a la Junta para su aprobación pero que luego que este organismo lo aprueba no tiene autorización para revocarlo o enmendarlo por su cuenta.

Luego el propio Avilés confirmó este rol de la junta como una entidad que aprueba o deniega pero que no inicia ningún proceso operacional en la agencia.



En el tintero por largo tiempo



En este caso se trata de un documento que ha estado por más de tres años siendo planificado, escrito y reescrito por la AEE, según confirman las distintas resoluciones de la Junta de Gobierno así como el propio reglamento sometido al Departamento de Estado para su efectividad.

Aunque Avilés descartó que la decisión de reexaminar un reglamento ya aprobado fuese una decisión política y minimizó la importancia de la polémica comentando que el interés en la misma parecía obedecer a un día flojo de noticias en la Isla, el funcionario se quedó cortó en defender la versión original del reglamento la cual atribuyó a los ex directores ejecutivos Héctor Rosario y Edwin Rivera Serrano pero enfatizó que este fue un proceso largo y deliberado. "En lo que el hacha va y viene este fue un proceso de cuatro años", dijo, y explicó que como parte de la discusión se eliminó una propuesta de someter información sobre los abonados morosos a una agencia crediticia.

En realidad, la decisión al respecto la tomo la Legislatura que pasó una ley impidiendo tal divulgación excepto en casos que la AEE pudiese probar que el consumidor estaba cometiendo fraude.

Como señal de que la morosidad continúa siendo un problema para la compañía de la luz, Avilés enfatizo que independientemente del debate actual, la agencia tiene que poder cobrar sus cuentas: "La gente que consume electricidad tiene que pagarla. Se dice que estamos en recesión y que es injusto cobrar recargos pero es un hecho de responsabilidad: el que consume tiene que pagar".



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