16 de mayo de 2008

Por: Primera Hora


Más de un millar de casos referidos al Departamento de Justicia por hurto de luz y, hasta ahora, ningún encarcelamiento. A pesar de la agresiva campaña que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para detectar contadores intervenidos ilegalmente por clientes comerciales y residenciales, los tribunales mandan a la casa a los violadores, a veces con multas que palidecen en comparación con la cantidad de energía robada.


La justicia boricua aún no alcanza a los que roban luz, un costo que terminan pagando todos los consumidores a través de sus facturas eléctricas.


Durante los pasados dos años apenas han sido atendidos en los tribunales 21 casos. Ninguno de los violadores, sin embargo, ha tenido que cumplir cárcel, aunque algunos de los delitos que conlleva la alteración al contador sí establecen rigurosas sentencias.


Energía perdida


Se estima que un tres por ciento de la energía producida se pierde mediante la modalidad, que requiere los conocimientos de un electricista.


Con miras a recobrar parte de la pérdida económica y detectar a los criminales, la corporación -en conjunto con otras agencias como Hacienda y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE)- realizan numerosos operativos en comunidades donde se tiende a registrar la infracción.


Los contadores ilegales usualmente ubican en casas, algunas incluso en lujosas comunidades de Dorado, Río Piedras y Guaynabo.


Durante los pasados dos años y medio, la corporación ha recobrado cerca de $12.5 millones de clientes que incurrieron en la práctica ilegal.


Para un "trabajo bien hecho" en el contador, que redunde en una subestimación del consumo mediante un "pillo de luz", los clientes pagan un promedio de $300.


La corporación pública ha identificado a varios empleados de la propia AEE que podrían estar cobrando dinero para cortar una cablería o colocar un dispositivo que desacelere el medidor de electricidad.


Los infractores enfrentan una multa administrativa que fluctúa entre $200 y $700, aunque la corporación pública considera aumentar la cantidad a más de $1,000.


La alteración del contador podría conllevar también varios delitos, como daño a la propiedad pública, apropiación ilegal agravada e intervención con un contador. El segundo resulta ser el más punitivo, con una sentencia que puede fluctuar entre tres y ocho años de cárcel.