30 de mayo de 2008

Por: El Nuevo Dia


La fiscalía de Bayamón radicó 59 cargos de apropiación ilegal y falsificación de documentos contra una secretaria que alegadamente cometió fraude para obtener beneficios de vivienda a través del Plan 8 en ese municipio.


Raquel Mulero Báez, una secretaria de 44 años, se allanó a que la juez Marta Torres determinara causa probable para su arresto y quedó libre bajo fianza de $118,000, la cual fue cubierta por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).


El fiscal David Calderón Cordero le imputó a Mulero Báez haber mentido sobre su ingreso en sus verificaciones de empleo sometidas a la oficina del Plan 8 de Bayamón y haber falsificado la firma de su supervisor. Además se le imputa un cargo de apropiación ilegal por cada cheque mensual que el Municipio envió al casero de ella como parte del programa federal de subsidio de vivienda.


Mulero Báez enfrenta una posible pena de tres a doce años de prisión aunque podría recibir una probatoria.


La investigadora del Departamento de Vivienda del Municipio de Bayamón, Yolanda Rodríguez, explicó que Mulero Vázquez, participaba del plan 8 desde 1998 cuando una hija residía con ella. No obstante, entre 2003 y 2007 la imputada consignó que estaba trabajando a tiempo parcial y que ganaba $5.15 la hora cuando en realidad laboraba a tiempo completo por $7.16 la hora.


El máximo salario de una persona sola para poder entrar al programa de Plan 8 es de $10,600, dijo Rodríguez.


Rodríguez dijo que Vivienda Municipal trabaja con un sistema que ubica la realidad laboral de los participantes y detecta si hay discrepancia entre lo que ha reportado una persona y lo que realmente recibe como ingreso.


Sostuvo que su oficina ha detectado al menos otros dos casos similares que están en proceso de investigación.


El alcalde Ramón Luis Rivera dijo en un comunicado de prensa que Bayamón es el primer municipio en referir a fiscalía un fraude de un participante del plan 8.


La Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda federal (HUD) participó en la investigación pero el caso no se sometió en el Tribunal federal porque la cuantía del fraude es menor de $100,000, según el fiscal.