30 de julio de 2008

Por: El Vocero

La Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) recibirá hoy un requerimiento de la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), indicándole a su administrador, Juan Pedró, que tiene 10 días laborables para someter el análisis en el que se basó para crear el nuevo Reglamento de la industria y establecer la Orden de Precios ?que elevó en 8 centavos por cuartillo la leche fresca y fijó la UHT en $1.82-, así como el estudio del impacto que éstos tendrán en empresas ganaderas con 15 empleados o menos.

El procurador Carlos López Nieves indicó a EL VOCERO que, hasta que no se entreguen estos documentos, la ORIL estará incumpliendo con la Ley 454 de 2000 ?de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio-, por la que vela su oficina y que establece que los reglamentos no pueden ser onerosos para los pequeños comerciantes, renglón bajo el cual cae alrededor del 80% de los ganaderos.

Aun sometiendo los análisis, podrían violar la Ley por provocar un impacto negativo en los negocios y no brindarles una ganancia razonable a los productores. López Nieves señaló que Pedró deberá demostrar cómo se computaron los costos de los ganaderos, especialmente en las áreas de alimento concentrado y terrenos, y por qué estas consideraciones no provocaron un cambio en sus márgenes de ganancias.

Si la ORIL no entrega los estudios en 10 días, el Ombudsman someterá un recurso en los tribunales locales para obligarlos so pena de desacato. Según López Nieves, si radican el Reglamento como está en el Departamento de Estado sería ilegal y podría ser impugnado por cualquier parte afectada, incluyendo los consumidores. Además, si la Orden de Precios se basa en el Reglamento, también estaría viciada.