30 de julio de 2008

Por: La Opinion

Las tarifas que cobran los proveedores de telefonía celular a los
clientes que interrumpen un contrato sufrieron un golpe en un tribunal
de California, cuando la jueza dictaminó que los cargos que cobra
Sprint Nextel Corp. violan las leyes estatales. La jueza afirmó, en un
dictamen preliminar en la tarde del lunes, que Sprint debe pagar 18.3
millones a clientes que demandaron por las tarifas y acreditar 54.8
millones a aquellos a quienes le cobraron los cargos pero no los
pagaron.

La misma jueza está considerando otras demandas judiciales contra las empresas de telecomunicaciones por las denominadas tarifas por cancelación anticipada, que pueden variar de 150 a 225 dólares. Este mes Verizon Wireless acordó pagar 21 millones de dólares para dar fin a una demanda judicial idéntica, justo cuando el juicio estaba comenzando.

Bonnie Sabraw, jueza del Tribunal Superior del Condado de Alameda, desechó el argumento de Sprint de que el tribunal estatal no tenía por qué decidir un asunto que, la empresa dijo, debería quedar en manos de las autoridades federales. Si bien su dictamen no se considera legalmente obligatorio fuera del estado, llegó al corazón de un debate en curso en otros tribunales estatales así como también en Washington, D.C., con respecto a la equidad de las tarifas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se enfrenta a una importante presión por parte de diferentes grupos, con respecto a la forma de manejar mejor las tarifas. Las empresas de telecomunicaciones han solicitado a la FCC que regule las tarifas y proteja a las empresas inalámbricas de demandas colectivas en tribunales estatales, como la que se espera que Sprint pierda.

En una audiencia pública el mes pasado, Kevin Martin, presidente de FCC describió un plan en el que se reducirían las tarifas por cancelación a lo largo de la vida del contrato. Tres empresas (T-Mobile, AT&T y Verizon Wireless) ya lo hacen y Sprint afirmó que comenzaría a prorratear sus tarifas el año próximo. Martin dijo que esperaba que la comisión tomara una decisión en agosto.

Robert Kenny, portavoz de la FCC, se negó a hacer comentarios específicamente sobre el dictamen judicial, pero dijo que no afectaría los planes del organismo en lo que respecta a dar respuesta a este tema.

Chris Murray, asesor legal principal de la Unión de Consumidores, dijo que esperaba que el dictamen del tribunal de California "clave un puñal en el corazón" de las esperanzas de la industria por eliminar el poder de los tribunales y reguladores estatales para supervisar las tarifas.

Scott Bursor, abogado de los victoriosos clientes de Sprint, agregó que "el dictamen parece ser una sentencia de muerte" para las medidas de la industria ante la FCC.

Sprint tendrá la oportunidad de hacer cambiar de opinión a Sabraw en otra audiencia judicial. Pero no es probable que la jueza altere su detallado dictamen preliminar de 37 páginas, que emitió luego de presidir un juicio en junio de dos semanas de duración.

Los clientes de seis empresas de telecomunicaciones demandaron a sus proveedores en 2006 ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda, alegando que las tarifas violaban las leyes de California contra prácticas empresariales injustas.

Los proveedores inalámbricos afirmaron que las tarifas por cancelación anticipada son necesarias para que las empresas puedan recuperar el costo de los teléfonos celulares, los que subsidian cuando los clientes firman un contrato de servicio a largo plazo.

Pero la jueza, en su dictamen, afirmó que los contratos eran "implementados principalmente como una forma de desalentar a los clientes a abandonar el servicio", y que la empresa no le daba gran importancia al costo de los contratos cancelados.