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  Por el libro

4 de agosto de 2008

Por: El Nuevo Herald

Los hombres llegan a pie, en bicicleta o en automóviles.

 Antes de entrar por la puerta azul trasera de la amplia plaza de oficinas, miran en derredor con cuidado para que nadie los vea entrar. Según las autoridades, detrás de esa puerta se cocina un fraude al Medicare. El Manassas Medical Center en Doral le ha cobrado al programa federal financiado por los contribuyentes por tratamientos que pacientes de sida o HIV nunca han recibido.

 Entre los individuos que llegan esta mañana de junio está Alexander McCray, que se detiene con regularidad en Manassas y en docenas de otras clínicas de Miami-Dade.

 McCray, vecino de Opa-locka y de 40 años, admite que recibe miles de dólares en pagos a cambio de dar a las clínicas su número de Medicare para que le facturen tratamientos fraudulentos de medicamentos por vía intravenosa contra el VIH. Manassas es sólo una de cientos de clínicas acreditadas por el Medicare en el sur de la Florida que estafan al sistema con reclamaciones falsas por tratamientos a pacientes de VIH, según documentos federales y las autoridades.

 Esos fraudes son particularmente escandalosos porque la terapia de sueros contra el VIH, que consiste en administrar medicamentos por vía intravenosa para fortalecer el sistema inmunológico del paciente, ha sido sustituida en casi todas partes --menos el sur de la Florida-- por medicamentos antirretrovirales de administración oral. Pero el Medicare sigue autorizando ese tipo de tratamiento, y paga cientos de millones de dólares, porque todavía lo considera "razonables y necesarios'.

 Eso desanima mucho a algunos especialistas en la enfermedad.

 "Ya no hay razón alguna para usar la terapia de sueros', dice la Dra. Margaret Fischl, inmunóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami.

 Docenas de clínicas del sur de la Florida, además de otras en Orlando, Tampa y St. Petersburg, siguen facturando al Medicare miles de millones de dólares por esta terapia, pero el total facturado ha disminuido ligeramente debido a la intensificación de medidas contra los operadores, médicos y compañías de cobros durante los últimos 12 meses, según documentos de tribunales federales y de cobros.

 Pero el Medicare sigue pagando cientos de millones de dólares a esas clínicas por la terapia anticuada, afirma el inspector general de Salud y Servicios Humanos.

 Y según las autoridades, eso a su vez subsidia los pagos que las clínicas emiten a los pacientes.

 "En gran medida, los que más estafan al Medicare son los pacientes', dice Kirk Ogrosky, jefe adjunto de la División de Fraudes del Departamento de Justicia, en una conferencia del Colegio de Abogados realizada en mayo en Fort Lauderdale. "El Departamento tiene que encausar a los pacientes para poner fin a los sobornos'.

 "Si no se controla en la comunidad la demanda de pacientes que quieren dinero, los proveedores de equipos médicos y las clínicas de sueros serán un círculo infinito de fraudes, saldrá una nueva cada vez que se cierre otra'.

 El fraude por sueros contra el sida en las clínicas locales está a la vista de todos en el sur de la Florida. Y no existiría sin "pacientes profesionales'.

 Aquí aparece Alexander McCray, un delincuente de poca monta con un historial de 15 años de arrestos por posesión de drogas. La última vez que lo arrestaron fue en abril por cargos de tratar de comprar cocaína en una calle de Miami.

 McCray recibió su número de Medicare por incapacidad como seropositivo el 26 de abril del 2001 y ha vendido su identificación a clínicas privadas de Miami-Dade por cifras de entre $150 y $300 por visita, a veces hasta tres veces al día y tres veces a la semana, durante siete años, según la documentación de los cobros.

 Las clínicas, entre ellas Manassas Medical Center en Doral, han facturado al Medicare más de $1.1 millones por tratamientos fraudulentos a nombre de McCray.

 El mismo McCray le admitió al The Miami Herald que burla al sistema vendiendo su tarjeta en las clínicas desde hace años.

 Normalmente, un paciente seropositivo necesita terapia intravenosa --por ejemplo, de inmunoglobulina-- una o dos veces al mes. Pero la cifra verdadera de tratamientos, tipo de medicamentos y dosis precisas depende del estado del paciente.

 Según los expertos, es absolutamente absurdo que un paciente necesite tratamiento de sueros varias veces al día y varios días a la semana.

 Lo que resulta más extraordinario en el caso de McCray es que los tratamientos de sueros no son médicamente necesarios, gracias a los potentes medicamentos antivirales que hay en el mercado.

 "Hoy casi no se usa la terapia de sueros porque el tratamiento ha avanzado mucho', dice la Dra. Fischl, de UM, quien señala que los medicamentos antirretrovirales se convirtieron en la piedra angular del tratamiento contra el sida hace más de una década. "El 99.9 por ciento de las veces la terapia de sueros es médicamente innecesaria'.

 Pero los funcionarios del Medicare dicen que no pueden dictar a los médicos ni a los pacientes el tratamiento que necesitan. Según la ley, el Medicare está obligado a aprobar tratamientos si se consideran ‘'razonables y necesarios'.

 Los funcionarios de la entidad afirman que la terapia de sueros, como la de inmunoglobulina, está cubierta por la Parte B, mientras que los antivirales no los cubre esa sección ni el relativamente nuevo plan de medicamentos por recetas, la Parte D. Incluso así, los pacientes de bajos ingresos con sida tienen a su disposición recursos a través de la Ley CARE para ayudarlos a costear el promedio de $10,000 que cuestan los antirretrovirales.

 "La ley dice que hay que pagar ‘lo que sea razonable o necesario' ' dice Don McLeod, un portavoz del Medicare, en un mensaje electrónico.

 "Queremos que los profesionales del sector tengan acceso a tecnologías médicas que beneficien a los pacientes de VIH. No tendría sentido que tuviéramos una política de cobertura nacional que pueda limitar ese acceso'.

 Resultado: el Medicare sigue pagando a clínicas del sur de la Florida múltiples tratamientos con sueros, que cuestan entre $1,500 y $3,000 por sesión, porque el programa gubernamental lo autorizan, sean legítimos o no, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General de Servicios Humanos y de Salud.

 El 18 de julio por la mañana McCray fue visto por un reportero y un fotógrafo de The Miami Herald entrando y saliendo de dos clínicas que ofrecen terapia de sueros.

 La documentación del Medicare confirmó que ambas clínicas, Manassas Medical Center, en 3900 NW 79 Avenue, Doral, y ORD Medical Center, en 8578 SW 8 Street, Miami, facturaron al Medicare por tratamientos administrados a McCray el 18 de junio por la mañana.

 Manassas Medical, con sede en la suite 326 en un enorme centro de oficinas llamado Atrium Plaza, facturó al Medicare $475,000 por tratamientos de sueros a McCray y otros pacientes entre febrero y junio, según la documentación.

 ORD Medical, situada en una oficina de un pequeño centro comercial cercano a la Calle Ocho, le pasó al Medicare cuentas por aproximadamente $500,000 por tratamientos de sueros a McCray y otros pacientes de principios de junio a mediados de julio.

 En una breve entrevista, McCray dijo que ninguna de las dos clínicas "son legítimas', pero no quiso decir nada más.

 La documentación detallada de los tratamientos a McCray no están disponibles debido a las leyes federales de privacidad.

 Pedro Antonio Colls, el dueño de Manassas, declinó varias veces solicitudes de entrevista para este artículo.

 En el ORD Medical Center, una recepcionista le dijo al Herald que esa clínica ya no ofrecía tratamientos de sueros porque el Medicare recientemente había dejado de pagarles. El dueño, Osmany Rodríguez, no respondió a varias llamadas para que comentar al respecto.

 Las dos clínicas son parte de la cadena Humana del Medicare en el sur de la Florida. Un portavoz confirmó que recientemente dejó de pagar las facturas de ambas clínicas al Medicare por los tratamientos de sueros.

 "El motivo es que estaban cobrando por servicios [de sueros] que no brindaban a los miembros de Humana', dijo el portavoz Mitchell Lubitz.

 Otro hombre que acompañó a McCray a Manassas y a otras clínicas de sueros acreditadas por el Medicare fue Wendell Jackson, de 55 años y vecino de Miami. Jackson recibió su número de incapacitado del Medicare el 25 de febrero del 2002, informaron las autoridades.

 Desde entonces, las clínicas han pagado sobornos a Jackson por usar su número del Medicare para luego facturar al seguro casi $1 millón en tratamientos fraudulentos de sueros, según la documentación de reclamaciones al Medicare y las autoridades.

 Documentos judiciales de Broward indican que Jackson fue encarcelado en junio por infringir su probatoria en una condena por robar en un almacén. Jackson infringió su libertad provisional al dar positivo en una prueba de cocaína y fue sentenciado a 18 meses de cárcel, según documentos judiciales.

 Su abogada, Dione Trawick, abogada de oficio adjunta de Broward, dijo que Jackson no quería ser entrevistado para este reportaje.

 McCray, Jackson y otros pacientes profesionales siguen moviéndose con impunidad al rotar entre una clínica y otra sin ser detectados.

 La Fiscalía Estatal de Miami informó que esas personas no son una prioridad porque le interesa más atrapar a delincuentes de mayor nivel en un operativo contra el fraude al Medicare.

 Sin embargo, mientras el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos se dedican a procesar a empresas y médicos acreditados ante el Medicare, los pacientes siguen vendiendo sus números de identificación a las nuevas clínicas.

 En otros casos les roban los números del Medicare a los pacientes, como en el Tamiami Medical Center Inc., en Hialeah, donde un delincuente con antecedentes de delitos graves llamado Justo Padrón llegó a presidente de la empresa en el 2006. Padrón y sus socios presentaron un total de 12,290 reclamaciones al Medicare por inmunoglobulina y otros tipos de tratamientos contra el VIH. La factura total fueron $7.4 millones. El Medicare le pagó a la clínica $2.4 millones.

 Cuando agentes del FBI confrontaron a Padrón sobre la existencia de más de $355,000 de la clínica en el banco Wachovia el año pasado, Padrón dijo que no sabía nada sobre el asunto y dejó que las autoridades federales se quedaran con el dinero.

 Pero antes que los fiscales pudieran procesar a Padrón en noviembre del año pasado, un cocodrilo lo mató. Padrón saltó a un lago tratando de escapar de la policía después de tratar de robarse un carro en un estacionamiento del Centro de Convenciones Miccosukee en el oeste de Miami- Dade.

 La muerte de Padrón fue espectacular, pero el delincuente de 36 años --con más de 12 arrestos en la Florida por allanamiento de morada, robo y posesión de drogas-- era un típico estafador en el bajo mundo del fraude al Medicare.

 Todas las reclamaciones de su clínica eran falsas, dijeron los fiscales federales, que se concentraron en su sucesor, Christian Vásquez, de 25 años. Vásquez fue sentenciado en enero a más de tres años de cárcel por cobrar al Medicare $1.1 millón en reclamaciones fraudulentas.

 Los ardides de tratamiento con sueros se han multiplicado de forma tal que el Centro de Medicare y Medicaid, que administra el programa, comenzó a crear programas informáticos en el 2006 para bloquear las facturas ilícitas por sueros en el sur de la Florida. Sin embargo, algunas compañías han logrado burlar los obstáculos remitiendo códigos válidos para reclamaciones falsas.

 A pesar de la atención de las autoridades normativas --y los encausamientos-- la batalla del gobierno federal contra las clínicas ilícitas del sur de la Florida está lejos de concluir.

 No sólo estas clínicas siguen llenando el paisaje, sino que las autoridades afirman que tampoco faltan los pacientes profesionales de VIH y sida, sobre todo en los barrios bajos, donde reclutan a la mayor parte de los hombres seropositivos para que vendan sus números del Medicare a decenas de clínicas en zonas comerciales de Miami, Doral y Hialeah, según el FBI y documentos judiciales.

 Así es como funciona la trampa:

 Los reclutadores se las ingenian para que los pacientes se sometan a un análisis de sangre, con el personal ya preparado, para establecer que son seropositivos o tienen sida. Con esa designación por escrito, los pacientes cumplen los requisitos para recibir servicios del Medicare y las compañías que administran las clínicas pueden facturar tratamientos fraudulentos.

 Las firmas a cargo de clínicas han hecho una fortuna al recetar costosos sueros de medicamentos como inmunoglobulina. Los pacientes firman documentos diciendo que reciben los tratamientos. A su vez, las clínicas pagan los sobornos a los pacientes, según el FBI.

 Los dueños de clínicas también sobornan a los médicos por cada receta de terapia intravenosa.

 La fiscalía menciona a un sospechoso reciente, el Dr. Ronald E. Harris, uno de los 90 médicos cuyos nombres aparecieron en recetas emitidas para que McCray recibiera tratamiento intravenoso.

 A fines de mayo, Harris y su socio Enrique González fueron acusados de presentar $26.2 millones en reclamaciones falsas al Medicare por medicamentos intravenosos contra el sida en sus clínicas, Physicians Med-Care Inc., de Miami, y Physicians Health Med-Care Inc., de Hallandale Beach, entre agosto del 2002 y febrero del 2004.

 Harris y and González también fueron acusados de lavar al menos $3.4 millones en pagos del Medicare con inversiones y compañías administrativas pantalla, como Caribbean Investments y Allstar Medical.

 Harris, de 57 años, ya está en la cárcel por una condena por fraude en medicamentos por receta, pero González, de 62, sigue fugitivo. Las autoridades piensan que González y su hija, Carmen González, huyeron a Cuba, según documentos legales. La hija enfrenta acusaciones de fraude al Medicare en un caso aparte.

 El abogado de Harris, el defensor público adjunto Jan Smith, se negó a hacer comentarios.

 Mientras Harris estaba en prisión, una facturadora que era objeto de una enorme investigación sobre medicamentos intravenosos contra el VIH denunció otros supuestos delitos contra el Medicare, según las autoridades.

 Su nombre es Rita Campos Ramírez, una mujer de 60 años que no llegó a graduarse de secundaria y cuya única herramienta era una computadora portátil. El suyo es el mayor caso de fraude en la historia del Medicare.

 Campos presentó electrónicamente unas 140,000 facturas falsas al Medicare por un total de $170 millones a nombre de 75 clínicas de terapia intravenosa contra el VIH en Miami-Dade entre el 2002 y el 2006, según documentos jurídicos. Entre las peores: Saint Jude Rehab Center Inc., en 330 SW 27 Ave., Miami, propiedad de los hermanos Benítez, quienes fueron encausados en mayo pero huyeron a Cuba, según el FBI.

 En abril, Campos fue condenada a 10 años de cárcel y a pagar $105 millones al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

 Campos, que recibió personalmente $5 millones por su trabajo a cargo de las clínicas de tratamiento del VIH, tuvo que entregar $1.5 millones en propiedad personal --una casa en Kendall, un condominio en Miami Beach y un apartamento en Brickell Avenue, así como su Mercedes-Benz del 2004.

 Campos ha ayudado a la fiscalía a acusar a más de una docena de médicos y dueños de clínicas durante los últimos 12 meses.

 "Cuando los agentes federales entrevistaron a los médicos cuyos nombres aparecen en las facturas, todos dieron al principio la misma respuesta: ‘Yo no sé nada de esto'. En raras ocasiones ha sido cierto', afirmó el fiscal federal Ogrosky en la conferencia de ABA en mayo.

 "En la vida real, la mayoría de los médicos con los que hemos hablado están involucrados y a final de cuentas serán encausados', dijo.



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