5 de agosto de 2008

Por: El Nuevo Dia

Unos 80,000 ciudadanos demandaron al Estado Libre Asociado (ELA) por lo que denominaron el “cobro ilegal” de sus marbetes y exigen que se les devuelva el dinero que invirtieron. El caso, que será visto en los próximos días por el Tribunal Supremo, obligaría al Gobierno a desembolsar cerca de $30 millones o una cantidad mayor.
El licenciado Frank Torres Viada, portavoz del comité timón que representa a los demandantes, explicó que el caso tiene su origen en la Ley Núm. 42 del 1 de agosto de 2005, que obligaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Departamento de Hacienda a cobrar un pago de marbete más alto a los “vehículos de lujo”, o sea, cuyo costo es mayor de $45,000.
Dicho cargo extra fluctuaba entre $400 y $1,200, dijo el licenciado.
Pero la base de este pleito de clase, según Torres Viada, es la cláusula de vigencia de la Ley Núm. 42 que, según aprobó la Legislatura, “estará sujeta a que se convierta en Ley la Resolución Conjunta Núm. 445 de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año fiscal 2005-2006 (...) hasta el 30 de julio de 2007”.
Entonces, “como el gobernador Aníbal Acevedo Vilá vetó ese presupuesto, la ley nunca entró en vigor”, apuntó.
“El texto de la ley es claro. Cuando el DTOP y Hacienda la iban a poner en vigencia, pidieron al Departamento de Justicia una opinión legal.
Justicia emitió que la Legislatura no podía establecer condiciones (a la vigencia de las leyes) porque era un soborno al Gobierno. Se ordenó implementar y cobrar el impuesto porque después litigarían en los tribunales”, dijo Torres Viada.
El Nuevo Día obtuvo copia de sendas cartas firmadas en 2006 por el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, en las que les recordó a los titulares del DTOP y Hacienda “el deber ministerial de hacer cumplir” la Ley Núm. 42. “Entró en vigor y tiene plena efectividad. Dicha conclusión se formuló luego del correspondiente análisis jurídico”, rezan las misivas.
Acto seguido, comenzaron las demandas y el caso llegó a la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, donde se resolvió a favor de los ciudadanos y se le ordenó al ELA devolver el dinero de los marbetes. Pero Justicia llevó el caso al Tribunal de Apelaciones, donde “se determinó que era un cobro ilegal”, afirmó Torres Viada.
Por lo tanto, Justicia emitió un recurso ante el Tribunal Supremo para revocar las decisiones de los dos tribunales inferiores. Al mismo tiempo, los demandantes solicitaron que se deniegue dicho recurso. Aún no se ha decidido.
“Justicia no quiere que se le ponga precio a sus errores y este podría costarles millones”, concluyó el abogado.
El cargo se dejó de cobrar a fines de 2006. Justicia no emitió comentarios.