29 de agosto de 2008

Por: Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor

La representante de los residentes de un edificio de vivienda en Río Grande denunció que agencias gubernamentales aprobaron los permisos de ese desarrollo con “vicios de construcción, violaciones e ilegales en los renglones ingenieriles, de permisología, de construcción y notariales.”

Durante una audiencia pública de la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor, que preside el senador Orlando Parga Figueroa, la presidenta de la Asociación de Residentes y Consejo de Titulares Condominio Costa Dorada en Río Grande, Ana Valdrés Molini, expresó que debido a esquemas preparados por el desarrollador y la negligencia de las agencias de gobierno, arquitectos, ingenieros inspectores, banca, entre otros, permitieron y aprobaron un proyecto con vicios, violaciones e ilegales en los renglones ingenieriles, de permisología, de construcción y notariales; perjudicando totalmente a los compradores”.

“El desarrollador, en vez de construir una sola urbanización en fases, construyó cuatro urbanizaciones constituidas cada urbanización por un condominio (Costa Dorada, Costa Dorada II, Costa Azul y Costa Verde). La Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) aprobó las segregaciones, pero no solicitaron los nuevos endosos a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Recursos Naturales, entre otros. En la Junta de Planificación (JP) no presentaron la enmienda a la consulta original que era obligatorio radicar. El proyecto Costa Real no fue sometido a vista pública y ni se cumplió con el Reglamento Especial del Yunque”, dijo Valdrés Molini.

Asimismo, indicó que el desarrollador de Costa Real ha incluido las facilidades recreativas y la calle pública (la principal) como elementos comunes generales del Condominio Costa Dorada y le ha impuesto al Condominio Costa Dorada, la obligación de imponerle cuotas a los otros tres condominios, para el mantenimiento de dichas facilidades, lo que constituye la más flagrante violación a la Ley de Condominios.

Según se informó el Condominio Costa Dorada fue desarrollado por Costa Real S. E., sociedad especial, representada por Arturo Madero Arboleda.
Madero Arboleda ha salido favorecido en los tribunales por los casos que en su contra han llevado los residentes de Costa Dorada. Como parte de este pleito, hay un caso pendiente de decisión en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En este mismo foro, el desarrollador recibió una decisión a su favor en el caso de Paseo Caribe.

De otra parte, Valdrés Molini agregó que Madero Arboleda radicó ante el Tribunal Superior de Primera Instancia una petición de interdicto para que se les obligara aceptar las facilidades recreativas, lo que logró. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del juez Juan R. Hernández Sánchez.. El desarrollador presentó, entonces, un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

De otro lado, la deponente expresó,  además, que hay apartamentos con filtraciones en los techos, paredes, pisos, uniones y los acondicionadores de aire. “Empañetados defectuosos, grietas y pintura en malas condiciones. Losas de pisos y paredes despegadas y mal niveladas. Problemas eléctricos y de plomería. Ventanas y puertas de baja calidad, que no fueron las aprobadas por ARPE. Al estirar el desarrollador el tiempo para reparar los reclamos, a los titulares les prescribió el tiempo para reclamar en el Departamento de Asuntos del Consumidor”.

Señaló que ante los inconvenientes que han tenido frente a las entidades gubernamentales, habrá “que llevar este caso hasta las últimas consecuencias y entre las últimas consecuencias es entregar a las agencias federales todos estos documentos, porque aquí hay algo que es ilegal. Da la casualidad que visito a uno de los jefes en ARPE. Me dijo, entre otras cosas, ‘señora, yo comprendo… ustedes tienen la razón, pero qué puedo hacer yo, si yo soy político. Estoy en una posición de confianza y si hago lo que ustedes quieren, me van a botar’. Todas las agencias que hemos visitado ninguna ha querido aceptar la responsabilidad”.

Por otra parte, la senadora Norma Burgos indicó que “por lo poquito que hemos podido hablar, definitivamente hay documentación que ilustra, que se identificó en este proyecto, violaciones de reglamento, entre ellas las ley de certificaciones, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en Puerto Rico. La ARPE no tiene los funcionarios para hacer las inspecciones de la cantidad de proyectos que se hacen. De ahí viene que en Puerto Rico adoptan esta Ley de Certificaciones, que permite que ingenieros, arquitectos y otros funcionarios con peritaje, se les permita expedir certificaciones. Estos funcionarios, aunque los contrata el sector privado, tienen una licencia expedida por el Estado, y están representando al Gobierno cuando hacen las funciones de certificar un proyecto. Les paga el desarrollador, pero ellos están poniendo en garantía sus títulos cuando certifican un proyecto. Por lo que he visto aquí, este proyecto se fue por la Ley de Certificaciones. Estoy viendo que ARPE encontró una violación al Reglamento de la Ley de Certificación”.

“Si nosotros (la Legislatura) no atendemos lo de la Ley de Certificaciones, vamos a seguir teniendo esta escena que he visto en el pasado, que estamos viendo hoy, y lo vamos a seguir viendo, porque o hay temor o hay dejadez o hay otro tipo de acción, que no se va en contra la persona que está certificando. En vista de que no se toma acción, lo siguen haciendo. No pasa lo mismo con los abogados, que son bien cuidadosos en el área de protocolar y la notaría”, sostuvo la Senadora.

Por su parte, el senador Parga Figueroa indicó que hay médicos acusados, médicos presos y un Tribunal Examinador de Médicos disuelto. “Yo no he visto acción contra ingenieros. Como resultado de nuestra investigación sobre Paseo Caribe, vemos aquí (en este caso) los mismos nombres, el mismo desarrollador, las mismas entidades gubernamentales, los mismos personajes en el asunto que ustedes nos traen, pero, no hay consecuencia a que un ingeniero ponga su sello, su nombre y su título en un documento que falsea los hechos. Al abogado lo desaforan. Le quitan el título. El Colegio de Abofados está muy pendiente de la conducta de sus socios, porque  sabe que el prestigio de la profesión tiene que ser salvaguardado para que exista un nivel alto de confianza del ciudadano hacia el profesional. Me pregunto porque las asociaciones de otras actividades profesionales y empresariales no tienen esa misma preocupación que tiene el Colegio de Abogados. Y, cómo se defiende al que viola la ley porque es de mi tribu, y se desacredita la actividad profesional. Hay millones de dólares invertidos y se habla de desarrollo económico y de crecimiento económico y de empleos, y se permite que unas cuatro o cinco personas, por sus actividades ilegítimas e irresponsables, desacrediten a toda una industria y pagan para que defiendan al truquero”.