20 de octubre de 2008

Por: Primera Hora

Intentó en innumerables ocasiones que las agencias de gobierno le dieran información sobre las actividades de la empresa Pan American Grain en la industria del arroz en Puerto Rico. Han pasado meses y lo que ha recibido son evasivas, así que cansado de lo que tildó como una campaña de “encubrimiento”, el presidente de la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor en el Senado, Orlando Parga, referirá a la Comisión Federal de Comercio un informe para que investigue las razones que han llevado al actual gobierno a permitir a dicha empresa acaparar el 91 por ciento de las actividades relacionadas con el arroz.

 El presidente y propietario de Pan American Grain, José González Freyre, es coacusado en el caso federal contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Según publicó este diario en junio pasado, en menos de cuatro años Pan American Grain ha logrado dominar el mercado de arroz y abonos, controla el Puerto de Mayagüez con un contrato de $1 millón que culmina en el 2038.

“El caso es que en Puerto Rico se ha configurado un monopolio de arroz importado en las narices, con el aval y la complicidad del Gobierno de Puerto Rico. Que una sola empresa tenga el control de sobre el 90 por ciento del arroz en Puerto Rico, que el Departamento de Agricultura y el de Justicia faltaron a su responsabilidad reguladora para advertirlo, investigarlo, evitarlo y sancionarlo... Ante tal menosprecio al deber ministerial de gobierno, no nos queda otra que recurrir al foro federal”, sostuvo Parga.

Éste advirtió que el arroz consumido en Puerto Rico puede proceder de China, donde los estándares de calidad son más bajos que los de Estados Unidos, en detrimento de la salud del consumidor.

Según sale a relucir del informe de la Comisión sobre la pesquisa senatorial realizada, el control de Pan American Grain se refleja en la góndola de los supermercados. Las marcas como Rico, Parboiled, Bravo, Krasdale, Valencia, Mami, Chinito, Jasmín, D'Aquí, entre otras, son procesadas, empacadas o de alguna forma trabajadas por dicha empresa.

Parga subrayó que no fue hasta principios de este año que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), cuando la comisión senatorial comienza la pesquisa, comienza a evaluar los precios y los márgenes de ganancia.

El legislador denunció además que en la solicitud de información a las agencias ha confrontado constantes negativas, en violación a los derechos del pueblo, que deben poder ver los documentos requeridos.