31 de octubre de 2008

Por: El Nuevo Dia

Un año después de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontrara en violación de ley a New York Mortgage Bankers (NYMB), unos 15 consumidores continúan a la espera de que sus préstamos hipotecarios sean saldados. Así lo informó el comisionado Alfredo Padilla, quien esta semana señaló que la oficina que dirige llegará hasta las últimas consecuencias para asegurarse de que las violaciones cometidas por la gerencia ejecutiva y NYMB no vuelvan a repetirse.
Padilla hizo hincapié en que los sucesos vinculados a NYMB, que provocaron sendas acusaciones por parte del Departamento de Justicial local, son atípicos, pero reconoció que el 40% de las querellas que tramita su oficina están vinculadas con hipotecas.

NYMB ya pagó $2.3 millones de unas hipotecas de 18 perjudicados. “Pero todavía quedan 15 consumidores que aparecen con dos hipotecas en su informe de crédito”, dijo Padilla. Tales préstamos representan cerca de $1.4 millones.
La OCIF ha dado seguimiento al acuerdo administrativo que NYMB y su fundadora, Nancy Hernández Chávez, suscribió con el regulador en diciembre del año pasado.
Como parte del acuerdo, se determinó el cierre de la hipotecaria y se prohíbe a Hernández Chávez y a su hija, Noemí Pérez, efectuar negocios en el sector financiero local.
Además, requiere que NYMB pague las hipotecas de 33 consumidores que tomaron nuevos préstamos con NYMB para saldar las hipotecas previas y que se gestione la cancelación de 605 pagarés hipotecarios, de los cuales se han diligenciado más de la mitad.
Por su parte, José Andreu Fuentes, abogado de la ejecutiva, indicó que NYMB se obligó para pagar ese dinero a los consumidores perjudicados.
“El problema es que NYMB aunque está capitalizado porque sus bienes inmuebles son mayores a lo que debe, no ha podido liquidar esos activos para pagar”, dijo Andreu Fuentes.
Recordó que antes del cierre de la hipotecaria, Hernández Chávez, en “un acto de buena fe”, inyectó $5 millones de su pecunio, para continuar operando “a pesar de la crisis económica, de la crisis financiera y del problema surgido con la falta de compradores en el mercado secundario”.
“La corporación está cumpliendo con la orden de (la OCIF). Por eso nos ha sorprendido grandemente la actuación del Departamento de Justicia”, dijo el abogado en referencia al caso, cuya vista preliminar está pautada para enero.