17 de noviembre de 2008

Por: El Pais


Miles de colombianos perdieron sus ahorros esperanzados en el espejismo de jugosas ganancias. El presidente Álvaro Uribe anunció medidas de emergencia para hoy. Tensión. La declaratoria de un estado de excepción o la expedición de medidas de emergencia fue anunciada para esta noche por el presidente Álvaro Uribe Vélez, en un intento por contrarrestar la ‘hecatombe’ que están produciendo las llamadas pirámides en la economía de millones de colombianos en todo el país.


Ayer, en un consejo comunitario en Bogotá, Uribe anunció las primeras medidas en contra de las captadoras ilegales de dinero. Dijo que se están estudiando cuatro medidas: aumento de penas para captadores de recursos, legislación que busque el castigo antes que la norma sea aprobada (retroactividad), devolución inmediata de los dineros y continuar las intervenciones policivas contra este tipo de negocios.


"Puede haber plata del Santo Padre, pero vamos a intervenir eso", dijo Uribe, al indicar que ese no es un problema nuevo y que espera que la legislación de emergencia salga este domingo en la noche para combatir ese fenómeno.


Para el Presidente, la responsabilidad de lo ocurrido con las pirámides obedece a una cultura mafiosa: "no se puede pensar que es la especulación, lo ilícito, lo corrupto lo que da ganancia y bienestar; eso se consigue a través del trabajo honrado". Aceptó su responsabilidad por no presionar a la Superfinanciera a tiempo. "Yo por ponerme de pulcro no hice el reclamo", dijo.


Frente al ex superintendente César Prado, quien renunciara el pasado viernes, dijo que él llegó allí por su alto nivel de preparación, pero que su discrepancia con él era que ante un fenómeno como ese "hay que atreverse a tiempo".


Uribe criticó que la Superintendencia no pudiera hallar pruebas jurídicas para las intervenciones cuando existían largas filas para entregar dineros y se decía que se entregaban intereses exagerados.


De hecho, las pirámides que ofrecen dinero fácil y rápido tienen convulsionado al país. Desórdenes, caos, muertes, manifestaciones, vandalismo y hasta choques entre instituciones del Estado. Ese fue el panorama que se vivió en varias ciudades del Suroccidente, luego de que miles de ahorradores vivieran la angustia de perder sus ahorros en empresas que ofrecían intereses mágicos y terminaron desboronándose.


Largas filas de gente tratando de recuperar su dinero fue el común denominador desde el miércoles pasado en las ciudades donde la firma Dinero Fácil Rápido y Efectivo (Drfe) cerró sus puertas, en medio de los furiosos reclamos de sus clientes en once departamentos.


"Me arrepiento es de haberme metido a la Superfinanciera a exigir tempranas intervenciones a esas pirámides". Álvaro Uribe, presidente de la República. "Tras lo que ha pasado, la gente aún vende sus cosas o busca crédito para poner su plata en esas oficinas". Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda. "Para tomar una decisión contra DMG, la Fiscalía debe esperar los informes del ‘Bloque de Búsqueda’ y actuar en consecuencia". Mario Iguarán, fiscal general de la Nación.


Según la Policía y la Superintendencia Financiera, Drfe es una de las 72 firmas que se investigan con lupa por la Unidad de Inteligencia Financiera (Uiaf) del Ministerio de Hacienda, claro está, luego de haberse desatado el escándalo.


Será imposible saber con certeza el número de afectados y el monto de la estafa, dado que en muchos casos no se entregaban soportes y buena parte de la información se perdió en los saqueos a los locales de las entidades captadoras. "Es una tarea descomunal porque son empresas con alta informalidad", justificó el ex superintendente Financiero César Prado, el primer alto funcionario descabezado por la crisis.


La Superfinanciera estima que serían alrededor de dos billones de pesos los recursos comprometidos en este tipo de negocios, mientras algunos analistas creen que cerca de dos millones de personas podrían estar vinculadas a ellos. La situación ha significado la muerte de tres personas, entre ellas un suicida que afirma haberse matado "por estúpido".


Ahora la lupa está puesta en otra firma bajo sospecha de delitos financieros: DMG. Ese conglomerado de empresas, propiedad de David Murcia Guzmán, está en el centro del huracán por las dudas no resueltas sobre el origen de su capital, los jugosos rendimientos y la fe ciega de sus clientes, que han marchado varias veces en señal de apoyo.


DMG dice que su negocio es la publicidad, la comercialización de artículos mediante tarjetas prepago que las personas obtienen a cambio de su inversión y enfatiza que no es una pirámide.


Sergio Clavijo, presidente de Anif, explica que "existe una zona gris en la legislación y estas pirámides se han inventado un esguince a la ley con las compras de bienes a plazos. Por ello, el Estado se ha visto maniatado", indicó.


‘Papa caliente’


Según el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Orlando Páez, ya fueron ocupadas 67 oficinas de Drfe y se incautaron alrededor de $58.000 millones.


También se decomisaron 184 computadores con información contable y han sido capturadas 35 personas bajo sindicaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La firma habría manejado, según estimaciones oficiales, recursos por $400.000 millones en 94.000 operaciones, sólo en seis meses.


La situación no era nueva ni desconocida. Durante el 2007 y el 2008 hubo casos de cierre de este tipo de establecimientos, en los que se materializó una estafa que dejó una estela de cientos de pequeños inversionistas en la ruina. Hoy el Estado tiene una ‘papa caliente’ en las manos y está en la picota pública por su supuesta reacción tardía. El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, aceptó las dificultades para actuar debido a que las captadoras se "camuflan" para evitar la justicia.


Por otra parte, se critica la falta de gestión del proyecto de ley anunciado desde septiembre, que endurecería los controles a esas empresas, aunque la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, lo tildó de "insuficiente".


Entre tanto, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, dijo tener pruebas de la vinculación de DMG con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de otro material en poder del DAS. El fiscal general Mario Iguarán aseguró no conocerlo y no encontró razones para ordenar las capturas. "Que no se vengan a lavar las manos aquellas instituciones que tienen que ver con el tema", dijo.


Las superintendencias Financiera y de Sociedades sostienen que no cuentan con las herramientas para detener a las captadoras. "Estamos diseñadas para vigilar entidades legalmente constituidas. Nos ha tocado ensamblar y crear formas para detectar este ilícito", dijo el ex superfinanciero, César Prado.


El superintendente de Sociedades, Hernando Ruíz, indicó que sus facultades son limitadas y que "el cierre de estas entidades es responsabilidad de los alcaldes". El procurador Edgardo Maya anunció ya investigaciones a ambos funcionarios, a la Uiaf y a la Dian.


En sus propias palabras


"Las personas están empezando a asimilar que sus ahorros se esfumaron y es claro que el consumo se reducirá". Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco.


"Se debe aplicar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa". Hernando Ruíz, superintendente de Sociedades.


Cifras


$58 mil millones se le han decomisado a Drfe.


$400 mil millones manejó en sólo seis meses esa firma.


$2 billones estarían en manos de captadoras ilegales.