18 de noviembre de 2008

Por: El Nuevo Dia


El Gobierno de Colombia decretó ayer el estado constitucional de emergencia social para enfrentar la crisis desatada por los mecanismos financieros ilegales conocidos como "pirámides" y dictó las primeras medidas que buscan proteger a quienes depositaron dinero en las mismas.


El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, anunció que dicho estado, que permite al Ejecutivo expedir medidas de urgencia por un plazo inicial de 30 días, rige desde la pasada medianoche.


De inmediato, comenzó la confiscación de dinero y bienes de empresas "que cumplían una función de recaudo no autorizada".


"La idea es devolver, hasta donde sea posible, esos dineros, para evitar la defraudación", expresó el ministro, quien pidió al público respaldar las medidas y tener "mucha calma".


Aseguró que los defraudados tendrán diez días para solicitar la devolución de sus fondos hasta donde sea posible.


Sin que trascendieran las decisiones, se emitieron los primeros cuatro decretos con fuerza legislativa del estado de emergencia social, que comenzó a regir la pasada medianoche.


Más tarde Valencia Cossio y los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, y de Comercio, Luis Guillermo Plata; y los superintendentes de Sociedades, Hernando Ruiz, y Financiero, Roberto Borrás, explicaron las medidas en una conferencia de prensa.


En desarrollo de los decretos dictados, fueron registradas de inmediato las sedes de la empresa DMG, que no era una "pirámide", pero sí había logrado captar inversiones de miles de clientes en todo el país por medio del otorgamiento de tarjetas "prepago" para comprar electrodomésticos y otros productos.


El fenómeno de las "pirámides", que causó estragos en varios países, entró en crisis en Colombia la semana pasada, cuando comenzaron a desaparecer los responsables de varias oficinas que recibían dinero en metálico a cambio de pagar intereses de hasta el 300%.


Según cifras oficiales, en los últimos tres años funcionaron en el país al menos 240 de esas compañías piratas que pudieron recaudar unos $800 millones con el ofrecimiento de triplicar los fondos recibidos, pero que quebraron al no poder cumplir su oferta.


La semana pasada se registraron disturbios en varias ciudades, en las que se decretó el toque de queda para contener las protestas, en las que murieron dos personas mientras que un tercer ahorrador defraudado se suicidó.


Como consecuencia de esta crisis, el viernes renunció el superintendente financiero, César Prado.


El presidente colombiano, Álvaro Uribe, había anticipado el viernes y el sábado que se emitirían medidas especiales para detener esas firmas captadoras de fondos y pidió abandonar la "cultura mafiosa del enriquecimiento fácil".