21 de noviembre de 2008

Por: Primera Hora


Huele a gas en el Capitolio.


El polémico senador Jorge de Castro Font, quien enfrenta 31 cargos federales por supuestamente recibir dinero de cabilderos a cambio de aprobar proyectos cuando presidía la Comisión de Reglas y Calendario, engavetó una pieza que proponía regular los márgenes de ganancias de las dos importadoras y distribuidoras del gas licuado en Puerto Rico, Tropigas y Empire Gas.


El precio del combustible fósil en la Isla se disparó más de un 40 por ciento desde mediados del año pasado sin reflejar los descensos registrados en su costo en las cotizaciones internacionales, según confirmaron varios funcionarios entrevistados.


Pero el Gobierno no ha podido regular una serie de aumentos implantados por las empresas debido a un pleito civil que la compañía Tropigas entabló contra la Comisión de Servicio Público (CSP), agencia que regula la transportación y distribución del producto desde el 1962 y que intentó regular su precio el año pasado.


La medida torpedeada le hubiese otorgado al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la jurisdicción para fiscalizar el precio del gas licuado, que tanto funcionarios como legisladores consideran sobrevalorizado en detrimento del consumidor.


Más de 650,000 familias puertorriqueñas, así como miles de otras cafeterías y restaurantes, utilizan el gas licuado para cocinar. Otra cantidad significativa de consumidores también tienen enseres, como secadoras de ropa y acondicionadores de aire, que operan mediante la fuente fósil.


"Se han notado las bajas con la gasolina, pero nunca con el gas licuado. Los mayoristas no les están pasando a los gaseros el valor real del producto", sostuvo el representante Jorge Navarro, el autor de la legislación que supuestamente fue torpedeada por De Castro Font.


Además de ser aprobada por la Cámara de Representantes, la legislación fue endosada por el vicepresidente del Senado, Orlando Parga.


Pero, el proyecto nunca fue considerado por el Senado, ya que la comisión senatorial que presidía Parga no programó su votación. Navarro limitaba sus comunicaciones con De Castro Font por el conflicto McClintock-Rosselló y se enteró a través de otro personal legislativo que el presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios rechazó de manera categórica considerar la pieza legislativa.


"Los aumentos han sido costeados por el consumidor", dijo Navarro, quien se propone volver a radicar el proyecto durante la primera semana de enero. Éste se mostró esperanzado en que el gobernador electo, Luis Fortuño, firme la legislación en los dos primeros meses de su mandato.


Varios esfuerzos por entrevistar a representantes de las empresas de gas resultaron infructuosos. De Castro Font tampoco contestó las llamadas de PRIMERA HORA.


Es conocido que el dueño de Santurce Gas, Carlos Declet, fue entrevistado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 9 de septiembre pasado por haberle entregado un donativo de $1,000 por dos taquillas en una actividad de recaudación de fondos.


Mensajes dejados por PRIMERA HORA en el contestador automático de su oficina tampoco fueron respondidos por el empresario, quien ha rechazado categóricamente cualquier vínculo al caso criminal del senador y que ha aclarado que no figura como testigo en éste.


Por su parte, el senador Parga urgió una mayor fiscalización de la industria al entender que las dos principales empresas influyen sobre las ventas del detallista al controlar muchas facetas de su operación que giran en torno al mantenimiento y los cilindros de gas, tanto para clientes comerciales como residenciales.


"Las empresas tienen el control absoluto y esto es una facultad que le debe competer a DACO" , indicó el vicepresidente del Senado.


DACO, que tiene la facultad de regular los márgenes de ganancia de los mayoristas y detallistas de gasolina, se inclinaría a establecer una moratoria del precio del gas licuado de asumir la nueva jurisdicción, como propone la legislación que se radicaría a partir de enero.


"Regularíamos el precio bajo la misma estructura de la gasolina y no necesitamos, necesariamente, más personal para esta función", sostuvo la secretaria designada de la agencia, Lisa Estrada.