El Vocero

Al tiempo en que la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) completaba ayer el cierre financiero de $115 millones por la extensión del contrato de alianza público-privada con Metropista, el presidente de la comisión legislativa encargada de fiscalizar estas transacciones anticipó que gestará un informe recomendando invalidar dicho contrato por haber incumplido con los términos que establece la Ley.

Ayer el gobierno completó el cierre financiero con Metropista para extender su contrato de administración de las autopistas PR-22 y PR-5 por diez años adicionales (hasta 2061), gestión que le concede a la empresa la facultad de aumentar el cobro de peajes en un promedio de 15 centavos.

La directora de la ACT, Carmen Villar, admitió que la urgencia con que se gestó el contrato -que ayer supuso un ingreso de $100 millones a las arcas del gobierno y otros $15 millones que se recibirán en verano de 2017- se debe a la limitación que tiene Puerto Rico “para cumplir con unas obligaciones y seguir dando unos servicios esenciales”.

 

El cierre financiero con Metropista ocurre cinco días antes de que venza el pago de $422 millones del Banco Gubernamental de Fomento y al tiempo en que el gobernador Alejandro García Padilla reiteró ayer que no espera encontrar el dinero “de aquí al lunes”, 2 de mayo, para evitar el impago.

“Ciertamente, quisiéramos tener otras opciones, pero las opciones de ingreso casi siempre requieren nuevas contribuciones o hacer unas emisiones o líneas de crédito que el mercado -ahora mismo para la ACT y el gobierno de Puerto Rico- está cerrado. Hay que buscar las alternativas dentro de nuestro marco y nuestra realidad”, justificó Villar a preguntas de EL VOCERO, luego de que durante la vista cameral no quiso catalogar como “buena” la privatización.

Precisamente, debido a que ni la directora de ACT ni la consultora legal de la Autoridad de APP, Deliris Ortiz, quisieron detallar el uso que se le dará a los fondos, el presidente de la Comisión de APP en la Cámara de Representantes, Jesús Santa, confirmó que citará a vista pública al BGF para que detallen cuál fue el análisis que les llevó a esta transacción que juzgó como perdidosa.

Según los cálculos de la comisión, el gobierno se enfrenta a una pérdida de $55 millones por la anualidad que dejará de cobrar en el carril reversible, mientras que la privatización de los demás peajes de la PR-22 y la PR-5 por diez años adicionales representará un impacto de otros $145 millones en cuestión del dinero dejado de cobrar.

 

Esta extensión del contrato con la subsidiaria de Albertis, que administra la PR-5 y PR-22, aumenta a diez años el término del contrato por lo que se extiende hasta 2061, a la vez que disminuye a 25% la proporción de ingresos que recibe la ACT por el peaje del carril reversible. El contrato original dividía la ganancia en una proporción equitativa de 50%.

Además, esta enmienda al contrato permite un aumento de cinco centavos en el cobro de cada peaje, a la vez que permite un segundo aumento al alterar la fórmula de cobro. El contrato altera el modo de cobro para que en vez de pagar peaje en una sola dirección, los conductores paguen la mitad de la tarifa a cada lado, pero redondeado al vellón más alto, explicó personal de la comisión.

Por ejemplo, si el peaje actual es $1.25, se convertiría en 62.5 centavos en ambas direcciones (ida y vuelta), pero en vez de redondear al vellón más bajo como era antes, ahora se redondearía a 65 centavos, por lo que supone un aumento adicional de diez centavos ida y vuelta.

Santa estimó que ambos aumentos -el de cinco centavos a cada peaje, como la alteración a la fórmula- pudieran alcanzar un aumento total de 15 centavos para los conductores.

El representante cuestionó la legalidad de la extensión de ese contrato por no haber sido aprobada por la legislatura según establece la Ley de Alianzas Público-Privadas. El Artículo 10 (inciso e) de la Ley de APP establece que “la extensión tendrá que ser aprobada mediante legislación”.

 

La licenciada Ortiz difirió con la interpretación del representante al asegurar que con esta extensión de diez años se mantenían dentro del término original de un contrato por 50 años.

La Ley concede un término de contrato de 50 años y permite una extensión de 25 años, pero pautando que cualquier extensión “tendrá que ser aprobada mediante legislación”.

“La interpretación tendrá que verla un juez, y yo voy a recomendar a la legislatura en pro de proteger sus poderes y de cumplir con la ley que cuestione esto porque inclusive (bajo la interpretación que hace la Autoridad de APP) yo hago un contrato de cinco años y sigo extendiéndolo de cinco en cinco hasta los 50. No tiene sentido”, refutó Santa.

Ortiz confirmó que la Autoridad de APP no había emitido una opinión legal sobre ese asunto.

“Se tomó la determinación de no incurrir en una legislación para este tipo de extensión sin ningún tipo de opinión legal sobre este Artículo(…). Yo le aseguro que esto va a llegar a tribunales, para que entonces sean los tribunales los que decidan”, puntualizó Santa.

El informe o resolución que finalmente, emita la Comisión de APP en la Cámara baja sería referido al Departamento de Justicia, para que entonces sea éste quien defienda los intereses de Puerto Rico en un tribunal.