9 de noviembre de 2022

El Vocero

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y personal de la Oficina de Inspectores Postales ejecutaron esta mañana unas ocho órdenes de arresto por fraude bancario y otros delitos en distintos puntos del área metropolitana.

Así lo confirmó la portavoz de Fiscalía federal, Lymarie Llovet, a EL VOCERO.

“Estos individuos están acusados por fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero”, detalló sobre el esquema en el que los estafadores obtuvieron más de $600,000 en ganancias.

El pasado 28 de octubre, un gran jurado federal emitió una acusación formal de reemplazo de 40 cargos, acusando a ocho personas de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico, fraude de dispositivo de acceso, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.

La Oficina de Inspectores Postales y el FBI han estado investigando el esquema fraudulento mediante el cual las tarjetas de débito de clientes, en su mayoría ancianos, del Banco Popular de Puerto Rico se han utilizado en relación con la compra y el cobro fraudulentos de giros postales.

Específicamente, según las autoridades, desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias “Julio Zapata”, y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de los cuentahabientes alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas. Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, De La Rosa y otros pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.

Al obtener la posesión física de las tarjetas de débito, De La Rosa, con la ayuda y la complicidad de Raisa Raymundo Vargas, también conocida como “Oleidy”; Adonis Márquez Marte; Josué Figueroa López, alias “Pachin”; Mirkin Espinosa Salvador, alias “José Mesa”; Jan González López; Nicole Figueroa De Jesús; y Edwin Peña Valdez, también conocido como “Pajarito”, comprarían giros postales en varias oficinas postales de los Estados Unidos en todo Puerto Rico. Los giros postales se negociaron en efectivo en las oficinas postales en un momento posterior.

Los acusados De La Rosa y Márquez Marte realizaron compras en efectivo de más de $40,000 en joyas en varios lugares de Nueva York con ganancias obtenidas de las compras fraudulentas de giros postales y operaron una joyería en San Juan, como medio de lavado producto del esquema fraudulento.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás, incluidos los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra comunidad”, dijo el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow. “Una vez más, instamos a todos a tomar medidas para proteger su información personal. No comparta su información de identificación personal con extraños. Si sospecha que su cuenta bancaria, tarjeta de crédito o cuenta de ATH Móvil ha sido comprometida, llame o visite directamente a su banco. Esa es la mejor manera de evitar ser víctima de un esquema de fraude como el que se involucra en este caso”, insistió.

Por su parte, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, sostuvo que este tipo de fraude “le puede pasar a cualquiera. Las víctimas a menudo ocultan sus pérdidas, incluso cuando se dan cuenta de que están siendo estafadas, por vergüenza y miedo al ridículo. Este silencio es lo que les da a estos perpetradores una amplia oportunidad de obtener ganancias ilícitas”.

“Necesitamos romper ese silencio y el FBI está aquí para ayudar. Si usted, o alguien que conoce, ha sido víctima o testigo de un esquema de fraude de personas mayores, lo instamos a que llame al 787-987-6500 o envíe un aviso en línea, visitando Tips.FBI.gov. Resaltar la conciencia es la clave para evitar ser víctima de estas estafas y puede ayudarlo a navegar una crisis como esta”, agregó González.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes.