26 de mayo de 2020

FediGas

Estimada senora Salgado Rodríguez:

Con gran alegrfa acusamos recibo de su carta de 21 de mayo de 2020, en contestacion a nuestra comunicacion del 19 de mayo del corriente ano. Nuestra alegrfa es producto de la esperanza de que se propicie una mejor comunicacion del DACO con los pequeflos detallistas a domicilio de gas licuado. La esperanza nos renace luego de que nuestra solicitud, en carta de 16 de marzo de 2020, para reunirnos con usted, fuera ignorada, a pesar de que, como usted reconoce, fue FEDIGAS guien alerto al DACO de un aumento de precio por parte de las importadoras-mayoristas. Entendemos que es muy importante que esa agencia mantenga una apertura de manera justa con todos los componentes de la industria, incluyendo a los del eslabon mas debil.

Permítanos hacer unas observaciones o aclaraciones sobre la interpretacion de DACO a nuestra comunicacion del 19 de mayo de 2020.

Nuestra solicitud al DACO parte de la premisa de que los aumentos impuestos por los importadores-mayoristas son ilegales, seg(m expresado por la Gobernadora de Puerto Rico el 26 de febrero del aflo en curse. Por tanto, nuestra carta se limito a dos cosas: (1) "que se deje sin efecto el aumento efectivo a la fecha de su imposici6n". Vease que el reclamo presentado por FEDIGAS tiene que ver con el "deber ministerial" de DACO de "vindicar los derechos del consumidor". (2) "que el expediente de este asunto este accesible a la prensa y a todas las personas interesadas o afectadas por la determinaci6n de DACO". Esta segunda solicitud le brindara a todo el pueblo, pero en especial a los consumidores de gas licuado, mantener o mejorar la confianza en la industria, así como en el gobierno.

En la misma evidenciamos que el aumento impuesto por las importadoras-mayoristas, a principio de diciembre de 2019, era abusive e injustificado. Aumento que representaba un atraco al bolsillo del consumidor, y por la prensa nos enteramos que, ademas de injustificado, el aumento constituyo un incumplimiento con las leyes o regulaciones de DACO. De hecho, la Gobernadora califico de "inaceptable" los aumentos e impartio instrucciones a DACO para que las empresas reciban la respuesta que amerita, incluyendo congelar precios e imponer multas. (Vease notas de Ayeza Diaz Rolon del Vocero y Frances Rosario de Primera Hora, ambas notas del 19-diciembre-2019) Segun antes expuesto, en notas de prensa de 26 de febrero de 2020, se cita a la Gobernadora diciendo que "DACO ya determine que los aumentos fueron contrarios a la ley". (Nota de Gloria Ruiz Kuilan en El Nuevo Día y Barbara J. Figueroa de Primera Hora)

Esas expresiones, que la Gobernadora hizo en el pueblo de Lares, incluyen una recomendaci6n al DACO para revertir el aumento a los consumidores. Nuestros planteamientos y peticiones fueron c6nsonos con esa directriz de la Gobernadora al DAGO. Por tanto, le corresponde a la agencia determinar la forma y manera de implantar la recomendaci6n de la Gobernadora. No obstante, estamos en disposici6n de reunirnos para evaluar alternativas.

Felicitamos a DACO por su esfuerzo en respetar los "postulados del debido proceso de ley", pues es un derecho constitucional de los ciudadanos. Sin embargo, habiendo el DAGO determinado desde febrero de 2020 que los aumentos fueron contraries a la ley, tiene que haber mayor esfuerzo en aplicar un remedio que compense justamente a los consumidores y a su vez desaliente los aumentos ilegales por las empresas que controlan la industria. Es la (mica forma de "vindicar los derechos del consumidor".

Segun la prensa, DACO sugiere que cada consumidor radique una querella, esto como condici6n para poder vindicar sus derechos. Respetuosamente diferimos. A nuestro juicio, serf a muy injusto con el consumidor. En primer lugar, ya hay una adjudicaci6n de DACO sobre la ilegalidad del aumento. En segundo lugar, en Puerto Rico se estima que 600 mil familias utilizan el gas licuado para confeccionar sus alimentos y otros usos.

Condicionar que 600 mil familias radiquen una querella para que sus derechos sean vindicados, s6Io serfa un mecanismo dilatador del cual los unicos beneficiados serf an las empresas que violaron la ley. Repetimos, ya el DAGO adjudic6 la ilegalidad de los aumentos. Entonces, lo que precede es que DAGO cuantifique la cantidad total de los ingresos ilegalmente obtenidos por cada empresa importadora y se ordene su completa devoluci6n, con cualquier otro remedio que proceda en derecho. Nosotros estimamos que los ingresos ilegalmente obtenidos pueden superar los $3 millones mensuales. Reiteramos, ese dinero tiene que ser devuelto a los consumidores. lC6mo? Es el asunto a determinar.

Precisamente, uno de nuestros planteamientos medulares de nuestra carta anterior, tiene que ver con el "deber ministerial" de DAGO de "vindicar los derechos del consumidor". No se vindican los derechos del consumidor unicamente con multas a los violadores. Mucho menos si la cantidad de las multas son un incentive para continuar incumpliendo la ley.

Veamos.

Segun trascendi6 publicamente, el DACO le impuso a Empire Gas y a Tropigas una multa de $400 diaries. Es decir, estas solo tendrian que pagar unos $12,000 mensuales en multas, durante el tiempo de la violaci6n de ley. Sin embargo, los aumentos ilegales les producen sobre $3 millones en ingresos mensuales. lngresos ilegales que tendrian visos de permanentes. Para evitar eso, DAGO debe ordenar la cancelaci6n de los aumentos ilegales y la devoluci6n de todo el dinero. Si no se ordena la devoluci6n de todo el dinero producto de los aumentos ilegales, puede promover, al menos, tres consecuencias peligrosas: (1) se promueve un negocio redondo para el importador producto de la ilegalidad; (2) se promueve que sigan violando la ley y abusando del consumidor; (3) se promueve la desconfianza del consumidor, cuyos derechos no son vindicados. Este planteamiento medular no fue contestado por el DACO en su carta.

Otro de nuestros planteamientos medulares fue sobre la determinaci6n del DACO de congelar el margen de ganancia de las importadoras, efectivo al 14 de marzo de 2020, sin eliminar los ingresos y ganancias producto de aumentos ilegales.

Respecto a este particular, su carta hace referencia a que la congelaci6n de "los margenes de ganancia bruta en los precios de venta de gas licuado" fue producto de la Orden 2020-11. Dicha Orden, que fue emitida el 1 de abril de 2020, determin6 que la congelaci6n serfa con efectividad del 14 de marzo de 2020. lndica usted que la referida Orden aplica "no s6Io a los mayoristas de gas licuado, sino tambien a los distribuidores y detallistas". Anade usted que ningun detallista ni FED/GAS solicit6 la reconsideraci6n de dicha Orden, en su memento. Finalmente, concluye usted que DAGO no puede hacer nada en este memento, pues "cualquier inconformidad en cuanto a la Orden 2020-11 debi6 haberse presentado oportunamente".

La posición de DACO sobre este asunto nos parece muy preocupante. Al respecto, es menester hacer varias aclaraciones y precisiones.

En primer lugar, FED/GAS le envi6 a usted una carta el 16 de marzo de 2020. Dicha carta nunca fue contestada.

En segundo lugar, lo que FEDIGAS esta llevando ante la consideraci6n de DAGO no es la impugnaci6n de la Orden 2020-11. Loque esta ante su consideraci6n es c6mo debe ser la aplicaci6n de dicha Orden en el asunto que nos ocupa. Habiendo DAGO determinado que los aumentos fueron ilegales, es consecuencia inherente que la parte de los ingresos y las ganancias producto de dichos aumentos, tambien son ilegales. En este caso, lo procedente es gue DACO deje sin efecto los aumentos ilegales y ordene la devoluci6n de todo ingreso y beneficio ilegal desde la fecha de su imposici6n en diciembre de 2019. Es lo justo en derecho. De esa forma, los margenes de ganancias congelados al 14 de marzo de 2020, no estarfan contaminados de ilegalidad.

Reiteramos que es fundamental que se respete el debido proceso de ley. Sin embargo, no es menos importante que DAGO cumpla cabal y transparentemente con su "deber ministerial de vindicar los derechos de los consumidores".

Carlos Jurado Roque Portavoz Fedigas
c/f: Hon. Wanda Vazquez Garced