22 de noviembre de 2021

AP

Trabajadores y familias estadounidenses que cuenten con un seguro médico privado podrán ahorrar en medicamentos recetados gracias a una disposición poco conocida del amplio proyecto de ley de la agenda social del presidente Joe Biden. Su objetivo es romper el ciclo de aumentos anuales de los precios de los medicamentos más utilizados.

La disposición obligaría a las farmacéuticas a pagar reembolsos al programa federal Medicare si aumentan los precios de sus medicamentos por encima de la tasa de inflación. Los medicamentos vendidos en planes privados incluirían la penalización como si fuera un impuesto sobre el aumento de los precios. El tema está dividiendo a los grupos empresariales en una fuerte batalla de presión política.

Los grupos empresariales centrados en las prestaciones asequibles para los empleados quieren mantener el lenguaje tal y como está, de modo que proporcione protección contra el aumento de precios para las empresas y sus trabajadores, y no sólo para los afiliados a Medicare. Otros grupos, como la influyente Cámara de Comercio, apoyan la iniciativa de la industria farmacéutica de bloquear las restricciones a los precios, incluidos los topes de inflación, alegando que ahogarían la innovación.

Los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron la propuesta de la agenda social de aproximadamente 2 billones de dólares el viernes y la enviaron al Senado. La iniciativa restablece las prioridades nacionales en temas que van desde el clima hasta la vida familiar y se enfrenta a un mayor escrutinio en la cámara alta, dividida por igual. Los medicamentos recetados no son más que uno de sus componentes, y la mayor parte de la atención se ha centrado en las disposiciones de Medicare para reducir los gastos de bolsillo de los ancianos y permitir que el programa negocie los precios de un número limitado de medicamentos.

Pero los topes a la inflación tendrían un impacto de gran alcance para nada menos que 180 millones de estadounidenses con seguro privado.

“Muchas personas no se dan cuenta de que el proyecto de ley se aplica y ayudará a los asegurados privados”, comentó Shawn Gremminger, director de políticas de salud en el Purchaser Business Group on Health. “Pero eso no es algo seguro. Tal y como está estructurada actualmente, ese sería el escenario. Pero hemos estado preocupados y seguiremos preocupados de que eso cambie". Su coalición representa a casi 40 grandes empresas que dan cobertura a más de 15 millones de trabajadores, jubilados y sus familias.