Walmart reveló esta mañana que cerrará 269 tiendas a nivel global, incluyendo siete establecimientos en Puerto Rico, como parte de una reestructuración masiva de la empresa, que afectará a unos 16,000 empleados.

Ivan Báez, portavoz de la cadena en Puerto Rico, confirmó los cierres en la Isla mediante declaraciones escritas. 

Las tiendas que cerrarán en Puerto Rico son los Super Ahorros de Coamo, Villaba y Utuado y los supermercados Amigo en Salinas, Río Grande, Carolina y Toa Alta. Entre las siete tiendas Walmart emplea un total de 400 personas, que según el portavoz, tratarán de ser reubicadas en la medida que sea posible.

En el 2002, Walmart compró en Puerto Rico a Supermercados Amigo, una cadena que en aquel entonces tenía 35 tiendas en Puerto Rico. Sin embargo, a través de los años, la cadena ha ido cerrando paulatinamente algunos locales de Amigo. En el 2014, tras el cierre del supermercado en el Central Plaza de Guaynabo, la cadena ya había bajado a 26 locales el número de establecimientos bajo la marca Amigo.

Según informes divulgados, Walmart, por otro lado, tiene planes de abrir 405 tiendas en diversas partes del mundo en el próximo año fiscal en zonas donde pueda mejorar su rentabilidad.

El anuncio de la reducción viene en momentos en que la corporación Walmart Puerto Rico Inc. ha entablado una demanda en el Tribunal Federal de San Juan contra el Departamento de Hacienda, retando la Ley 72. Dicha ley cambió la tributación sobre compras entre la compañía matriz y su oficina de Puerto Rico (“transfer pricing”), y según Walmart, la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la cláusula de igual protección y la ley de relaciones federales. 

Walmart reclama que el estatuto afecta su operación en la Isla, pues aumenta el impuesto que deben pagar entre compañías por compras hechas fuera de Puerto Rico, de 2% a 6.5%, lo que según la compañía, se traduce en una tasa contributiva efectiva estimada de 91.5%. Dicha tasa, alega la corporación, se considera la más alta que paga cualquier empresa en la Isla y la más alta que paga Walmart en cualquier parte del mundo donde opera.

En diciembre, tras la radicación del recurso legal, el representante Luis Vega Ramos hizo un llamado a la empresa para que desista de su demanda. "Estoy pidiéndole públicamente a Walmart de Puerto Rico que desista de la demanda, que anuncie su archivo y que esté en aceptación de pagar el 2% de sus ventas al año como una contribución razonable", dijo Vega Ramos en una conferencia de prensa celebrada el martes 8 de diciembre.

El legislador señaló que de la demanda se desprende que Walmart genera en Puerto Rico sobre $2,750 millones al año y denuncian que tendrán que pagar $45 millones por el aumento en el impuesto mencionado.

Al indicar que con esas cifras Walmart solamente pagaría un 2%, Vega Ramos comparó la aportación de la corporación con la de individuos que tienen que tributarle al Departamento de Hacienda entre 10%, 15% y hasta el 18% de sus ingreso.

Hace una semana, en una orden que tomó por sorpresa a muchos, el juez federal José A. Fusté impuso una orden de mordaza en el caso de Walmart Puerto Rico, Inc.

La misma, según se reportó, es para "proteger los derechos de las partes en la disposición justa de este caso".

“Estamos retando la Ley 72 porque es inconstitucional y penaliza arbitrariamente a Walmart al imponerle una tasa contributiva efectiva estimada en 91.5%, que entendemos es la tasa más alta para cualquier compañía en la Isla y es la tasa más alta en cualquier otro lugar en el mundo donde Walmart opera”, expresó Lorenzo López, portavoz de la empresa en Bentonville, Arkansas.

La demanda señala que la Ley 72 atenta específicamente contra Walmart. “Este dramático y singular impacto en Walmart Puerto Rico no es un accidente. Como fue ampliamente reportado al momento de aprobarse la Ley 72, el nuevo impuesto específicamente aplica a las megatiendas que tienen relación de negocios con otras de sus compañías en la nación, entiéndase Walmart Puerto Rico y (muy pocas) otras”, lee parte del documento legal. 

La empresa establece que no podría mantener sus operaciones por mucho tiempo en la Isla si el estatuto prevalece y tendría que reconsiderar su permanencia si tuvieran que pagar el “impuesto confiscatorio” de 91.5%, ya que eso sería “devastador” para su operación. 

López indicó que aunque la corporación reconoce que la economía de Puerto Rico enfrenta tiempos difíciles y hay que hacer sacrificios, “somos parte de la solución y no debemos ser castigados por ser la empresa privada que más empleos genera en la Isla y uno de los mayores contribuyentes a su economía”.

“En lugar de transferir el aumento en contribuciones a nuestros clientes en Puerto Rico, muchos de los cuales están bajo una intensa presión económica para proveer para sus familias, hemos escogido defender los empleos que hemos creado y a las familias que dependen de ellos al llevar este asunto a la Corte Federal”, manifestó López. 

Walmart Puerto Rico Inc. opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, las Walmart regulares, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo. Emplea a casi 15,000 personas y recauda casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU).