4 de noviembre de 2019

Primera Hora

En la Cámara de Representantes se evalúa una legislación que tiene como fin aumentar el salario mínimo de los empleados de la empresa privada a $8.25 la hora. Aunque el autor de la medida, el representante Joel Franqui Atiles, entiende que este proyecto incentivaría la economía y haría del País uno más atractivo para los jóvenes trabajadores, el sector privado tiene serias dudas porque para algunnos sería nefasto para la economía, mientras que otros no ven tan exorbitante el aumento.

Según Franqui Atiles, este aumento busca darle un alivio a los empleados de empresa privada que hoy día no pueden sustentarse aun trabajando jornadas de 40 horas semanales, dado a que el costo de vida es demasiado alto para un sueldo de menos de $1,200 al mes.

“El salario mínimo no da para vivir en Puerto Rico por más que trabaje un obrero a $7.25 la hora no le es viable cubrir las necesidades básicas.  Si queremos que nuestra juventud se quede en Puerto Rico, las personas crezcan aquí y que se desarrolle una economía sustentable en Puerto Rico tenemos que comenzar pagándole bien a nuestros jóvenes.  Creo que los patronos también tienen que hacer un ajuste para mejorar la calidad de vida de sus empleados”. 

“Muchas personas que llegan a mi oficina llevan 15 o 20 años  trabajando en una empresa privada como en establecimientos de 'fast foods' y están a $7.25 la hora y muchos tienen bachillerato o maestría. ¿Quién no se va así de Puerto Rico?  Hablamos ahora mismo que no podemos bajarle a los pensionados un 8.5% porque no les da para vivir y, ¿cómo es posible que pretendamos que les dé para vivir a una persona con 40 horas semanales a $7.25, que no llega a $1,200 dólares?  Creo que no se puede llevar un doble discurso, debe ser el mismo”, justificó el legislador.

El representante aseguró que, de aprobarse el proyecto, todo patrono que voluntariamente aumente el salario mínimo antes de los primeros 12 meses de aprobada la legislación, tendrán un crédito contributivo equivalente al doble del aumento dado al empleado por los primeros cinco años, con el propósito de ayudarle en su transición. 

“El proyecto le hace justicia tanto al empleado como al patrono. Ellos pueden hacer ese esfuerzo y por eso el proyecto le da la oportunidad de deducir el doble, el 200%. De un dólar que darían de aumento se le dará el doble.  Estamos amortiguando cualquier transición de la empresa privada a aumentar el salario mínimo”, detalló el representante.

Otra medida relacionada es la propuesta en el Proyecto de la Cámara 2264, donde se dispone la creación de un Comité Interdisciplinario que rendirá un informe anual para examinar las condiciones económicas de los sectores e industrias en Puerto Rico.    

Este comité, que estaría integrado por economistas y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), analizarían y recomendarían aumentar el salario mínimo automáticamente o no según su análisis de la industria y/o empresa, pero esto será decisión de la Asamblea Legislativa.

El comité también podrá recomendar aumentos en forma escalonada en el salario mínimo tomando en consideración la salud financiera de cada industria.

“Mi opinión personal es que $8.25 es muy poco, por eso es que se crea este comité que va a estar anualmente rindiendo recomendaciones a la Asamblea Legislativa por sectores, igual que lo hizo el ex gobernador Ricardo Roselló que le dio un aumento al sector de la construcción, pues tambien que según la salud fiscal de cada sector y el estudio de los economistas recomienden qué sector de la economía se debe recibir un aumento de salario mínimo”, sostuvo Franqui Atiles.

Le recomiendan a la Legislatura no inmiscuirse en el sector privado

Dada la radicación de esta legislación durante el día de ayer (lunes),  el Presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), el doctor Jorge Argüelles Morán, fue enfático en que el gobierno no debe adentrarse en aspectos de administración del sector privado, dado a los grandes desaciertos que ha tenido con el manejo de las finanzas del País.

“Siempre me expresado que el gobierno o la Legislatura no debe inmismcuirse en las operaciones del sector privado. De hecho,  basta con ver lo quebrado que está el gobierno en términos de sus finanzas para que también pretendan intervenir en lo que son las operaciones del sector privado”.

Según Argüelles Morán, el sector privado maneja sus aumentos con estrategias de negocios que van acorde con la realidad de cada industria.  Además, fue enfático en que este precisamente no es el momento para un cambio de esta índole, ya que desde julio experimentan unas bajas en ganancias.

“Nosotros, contrario a lo que hace el gobierno, damos aumentos sin necesidad de que nadie nos tenga que estar regulando, de acuerdo al 'performance' (desempeño) del empleado a manera de un bono. No necesitamos que nadie nos venga a decir cómo llevar nuestro negocio”.

“De hecho, en estos momentos, y por causas ajenas al sector privado, las ventas acumuladas hasta julio están un 3.77% por debajo del 2018. En el 2019 tuvimos $19,775.030  y en el 2019 estamos en $19,020.090. En julio nada más bajaron un 6.23% cuando las comparamos con el 2018 en ese mes en partcular”, detalló Argüelles, quien responsabilizó al mismo gobierno por la baja en ventas, dado a la paralización del desembolso de fondos federales por la “mala imagen de este mismo gobierno en las esferas federales”, señaló.

De aprobarse esta legislación, el presidente del CUD entiende que sería nefasto, no solo para el sector privado sino también para la economía de la Isla.

“Eso lo que pudiera producir es más despidos y, posiblemente, más empleos a tiempo parcial. Tenemos ya una de las leyes laborales más onerosas de la nación y todavía quieres meterle más gastos. Francamente no creo que este sea el momento.  En otro momento, pues posiblemente cuando uno vea un repunte, pues se puede hablar de eso”, comentó el doctor Argüelles.

En el caso de Keneth Rivera, presidente interino de Asociación de Industriales, esta propuesta no resulta tan descabellada, dado a que solo se está hablando de aumentar un dólar, más entiende que debería realizarse un debido análisis que confirme que este aumento al salario mínimo sería positivo para la economía.

“Nosotros estamos de acuerdo con que la gente se gane unos salarios dignos y el número que se propone no es tan alto en el pasado donde se han propuesto salarios de $15 dólares.  Sí nos preocupa que se debería evaluar el impacto económico por varias razones, entre estas porque hay estados que han aumentado en sus salarios mínimos y eso no les ha ayudado. Nuestra recomendación es que se valide que ese número no va a ser perjudicial para la jurisdiccion y si ese es el caso, entenderíamos que es algo que se debe considerar, pero sujeto a que se valide y se haga ese estudio”, expuso Rivera. 

En el caso de la industria manufacturera, el presidente interino de la Asociación de Industriales entiende que el impacto, de aprobarse la medida, no sería grave, ya que muchos patronos ya ofrecen pagas mayores al salario mínimo sugerido.  No obstante, asegura como quiera sentirían el impacto por vías indirectas.

“Para la industria de la manufactura en general afecta un poco menos porque estas compañías pagan sobre lo que están proponiendo. Para ellas no habría un efecto directo. Lo que sí es que los suplidores que tenemos sí se podrían ver afectados por este aumento”, dijo el presidente interino.

Por otro lado, Rivera puso en entre dicho el alegado beneficio contributivo que experimentarían de acogerse al aumento en los primeros 12 meses, dado a que entiende que es la Junta de Supervisión Fiscal la que debe aprobar dichas exenciones.

“Aquí entramos en otro problema porque las exenciones las tienes limitadas por la Junta de Supervisión  Fiscal.  Hace una semana salió un estudio de las exenciones en Puerto Rico que causó mucho revuelo porque hay exenciones que la gente no sabe cuál es la consecuencia. Cualquier propuesta de esta naturaleza va a requerir, número uno que se modele el efecto económico y número dos si quieren dar exenciones lo tiene que avalar la Junta, entendería yo, porque ya el plan fiscal está y esa exención no está incluída”, concluyó Rivera.

A pesar de los señalamientos del sector privado, el representate Franqui Atiles, entiende que la medida traería múltiples beneficios que impactarían positivamente a todos, a los empleados, a las empresas y al gobierno.

“Esto va a repercutir positivamente para la economía y para la mayoría de los comerciantes en Puerto Rico. Esto debe de reactivar la economía porque está inyectando dinero en la calle a nuestra gente.  Al las personas tener más dinero adquisitivo, al gobierno le va a llegar más dinero del IVU.  No hay forma de hacer a Puerto Rico atractivo si no aumentamos el salario mínimo”, finalizó el autor del proyecto.