4 de noviembre de 2019

Primera Hora

Ella gana ese mínimo de $7.25, trabajando 25 horas fijas a la semana, de lunes a viernes en una agencia gubernamental. Si trabaja más horas, no recibe dinero sino tiempo compensatorio.

Él gana un poquito más, $7.75 por hora, trabajando para la empresa privada en un restaurante de comidas rápidas, que le remunera por las horas que trabaja, que suele rondar las 30 a 35 por semana.

Sin embargo, la joven asegura que tienen que hacer malabares para sobrevivir.

“Hay que hacer mil cosas para poder tener algunas cositas. No tenemos ningún lujo. Nos da para sobrevivir”, explica la joven de 24 años y graduada de administración de empresa.

Sus ingresos combinados, una vez le quitan las deducciones, apenas sobrepasan los $1,500 mensuales. Con eso, tienen que cubrir la hipoteca, luz, agua, teléfonos, internet “que necesitamos para el trabajo”, gasolina, la compra y la pensión alimenticia del hijo de siete años de él.

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Lo que resta son apenas unos $370, para enfrentar el diario vivir en una economía que cada día está más cara.

La pareja gasta lo mínimo posible. En su casa “no hay consola de aire acondicionado, ni plancha de pelo, ni nada” que aumente el consumo de electricidad. Si hacen alguna salida, “es bien raro, un cumpleaños o algo así. Y, si salimos, son bien pocas las comidas que hacemos. Preferimos comprar en el mercado y hacerlo en casa”.

El título universitario “no me ha servido prácticamente de nada” y aunque “he tirado por ahí resumés antes de graduarme y después”, no ha tenido respuestas positivas.

“Estoy viviendo. No paso hambre. Pero es tratando de sobrevivir todos los días… y rezando porque no se dañe el carro ni tengamos ningún otro contratiempo”, aseguró la joven.

La pareja no recibe ninguna asistencia adicional. De hecho, explicó, “no cualificamos para PAN (Programa de Asistencia Nutricional) ni ninguna ayuda de esas. No cualificamos para ningún subsidio. Dicen que tenemos suficiente, aunque eso no cuenta las deudas”.

De igual forma, tampoco cualificaron para un programa de ayuda a jóvenes para adquirir vivienda. “Fueron cuatro años, pesito a pesito, para poder comprarla. Y lo que tenemos son donaciones de la misma familia. Nosotros reciclamos y no nos molesta que nos llamen y nos digan, ‘mira tenemos esto, son juguetes que quedaron, alguna ropa’. No nos ponemos con orgullo ni nada de eso”.

Y algo preocupante, es que él carece de plan médico y ella está cubierta apenas por los próximos dos años bajo un plan de su padrastro.

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No obstante, limita su uso porque no puede costear los gastos de deducibles.

“Aun con plan médico, no voy al médico. Comoquiera hay que pagar deducible. Me hago los espejuelos y es para cada dos años”, comentó. “Sé que eso está mal. He ido en ocasiones y me sale lo del azúcar, que me dan a tomar el jugo malo ese. Debería ir a monitorear eso. Pero te siguen dando pruebas, y no se puede. Los laboratorios son $20, el médico $10. ¿Qué te puedo decir?”, agregó.

A pesar de todo, mantienen una actitud positiva y la esperanza para salir adelante.

Además, han contado con la solidaridad de parientes y vecinos que les tienden la mano. Su papá, “coge cupones, pero de momento viene y me trae arroz o alguna otra cosa. Y mi suegra, que también recibe cupones, también me ayuda y me trae cosas. Y una vecina, que me encanta, me ofrece cositas. A veces cocina y nos trae comida. En la urbanización la gente es buena. Me encanta vivir aquí por eso”.

La pareja dedica tiempo los fines de semana al pequeño de siete años y, dentro de sus limitaciones, buscan atenderlo lo mejor posible. “Al nene hay que mantenerlo contento. Y se trata de buscarle cositas básicas. Por eso cuando el vecino llamó, fuimos y cogimos los juguetes, y el nene ha estado todo el fin de semana jugando con eso”, dijo.

Tampoco han dejado de pensar en mejores escenarios para el futuro, y por ahora, no contemplan abandonar la Isla en busca de mejor fortuna en otras tierras.

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“Sueños, tenemos muchos. Queremos viajar. Pero realmente no nos podemos dar ese lujo”, afirmó. “Uno quiere echar pa’ alante y lo ponen bien difícil. Pero nada. Seguimos tratando. Tratamos de ver las cosas de la manera más positiva”.

Tema bajo fuego

La discusión sobre el salario mínimo se retomó el viernes durante una vista pública en la Cámara de Representantes para evaluar la propuesta legislativa de aumentar en un dólar (de $7.25 a $8.25 la hora) la partida.  

El salario mínimo en Puerto Rico mantiene divididos a sectores empresariales y del comercio en el País, mientras el proponente de la medida, el representante Joel Franqui Atiles aseguró que no retirará el proyecto de ley y que lo que busca es “hacer justicia salarial” en Puerto Rico.

El legislador novoprogresista calificó de “desacertadas y lamentables”, las expresiones que hizo el presidente de la Cámara de Comercio, José E. Ledesma Fuentes, quien dijo que aunque él no, en Puerto Rico las personas pueden vivir con un salario de $7.25 la hora.

“Yo específicamente no, pero en mi caso sí tengo ciertas medidas de austeridad y de reducción de costos. Si fuese así, pues sí, simplemente aumento mis horas”, expresó Ledesma Fuentes en una vista pública en la que se evaluaba el Proyecto de la Cámara 2264.  Las expresiones tuvieron cierto respaldo del Centro Unido de Detallistas y de la Asociación de Mayoristas, Importadores y Distribuidores de Alimentos (MIDA), pero la propia Cámara de Comercio se distanció de las mismas. También, en medio de la controversia, la Asociación de Comercio al Detal, anunció que se desafiliaba de la Cámara de Comercio.

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“Muchas madres van a mi oficina buscando una mejor calidad de vida y literalmente lloran porque el salario mínimo no les da para vivir aunque trabajen full time”, argumentó el representante Franqui Atiles al defender su iniciativa legislativa.

“Me duele el corazón cuando mujeres profesionales, algunas con maestría me dicen que llevan más de ocho años trabajando en una compañía a $7.25, que ahora tienen hijos en la universidad y que no saben qué hacer porque el salario no les da para vivir. Me dicen:  ‘me voy a tener que ir a Estados Unidos aunque quisiera quedarme, pero tengo que buscar una mejor calidad de vida’. Eso rompe el corazón”, sostuvo el legislador de la Palma.

“Los comercios tienen que entender que si las personas tienen más dinero en su bolsillo, tendrán más dinero para consumir bienes y servicio, lo que les beneficia a ellos mismos”, afirmó.

Indicó, además, que la medida propone crear un incentivo para que los patronos puedan deducir el doble de la partida de la nómina de lo que fue el aumento. “Si es $8.25 van a deducir como si estuvieran pagando a $9.25 de la partida de los gastos de nómina”, detalló Franqui Atiles.

“Si permitimos que en la próxima década se nos vayan 500 mil puertorriqueños más, ¿a quiénes ellos les van a va vender sus productos o sus servicios?”, cuestionó para agregar que se trata de un efecto en cadena.

Además, sostuvo que, “todo puertorriqueño quiere tener un salario que le permita vivir dignamente y  nadie se quiere ir de su isla, pero si las condiciones no son sostenibles tienen que irse a otro lugar donde, en muchos casos, les pagan el doble”.

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El representante de la mayoría novoprogresista dijo que está abierto a enmiendas, que no cambien el principio de la medida. Mencionó que en las vistas públicas el Departamento del Trabajo trajo a colación un estudio que revela que los trabajadores de restaurantes se rigen por regulaciones federales y los que reciben propinas están en un promedio de $8.50 la hora por lo que la medida podría ser enmendada para que este sector continúe con las regulaciones federales existentes.

“Un dólar representa un 13 por ciento de aumento, yo quisiera que fuera más”, dijo Franqui Atiles.  Añadió que la medida también propone crear un comité que rendirá un informe para determinar si es viable conceder otros aumentos anuales al salario mínimo vigente.

Franqui Atiles explicó que la Comisión de Gobierno, que evalúa el proyecto de ley, ha realizado dos vistas públicas. “Entiendo que debe haber más vistas. Se debe escuchar a sectores que están a favor o los que tienen ciertas objeciones. Hay que escuchar al pueblo trabajador, no ha habido representación de uniones del sector privado o de organizaciones que representen al pueblo trabajador”, sostuvo.

Al ser preguntado sobre cuál es el ambiente para aprobar la medida en la Cámara, dijo que “con los compañeros que he hablado me han dicho que el aumento es lo justo y espero reunirme esta semana con el presidente, Carlos “Johnny” Méndez para dialogar en más detalle”.

“Aquí se juega el futuro de Puerto Rico. Es si la gente se va a quedar o va a seguir emigrando hacia los estados”, expresó Franqui Atiles, quien agregó que es consciente de que la medida enfrenta un fuerte cabildeo de algunos grupos empresariales.

¿Qué dicen los constructores?

Ayer, otro líder empresarial, el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Colón no favoreció ni se opuso abiertamente al proyecto cameral al  tiempo que abogó por medidas para bajar los costos de operación de los empresarios.

“La pregunta no es si se puede vivir con $7.25 la hora, realmente lo que hay que hacer es buscar medidas que viabilicen mejores condiciones laborales para los empleados. La Asociación no está en contra. Lo que es importante es que además de la medida se trabaje en otras medidas que ayuden a bajar los costos de operación de los empresarios y que subiéndoles un peso (a los trabajadores) no pierdan los beneficios que reciben de viviendas de alquiler subsidiado y de acceso a servicios de salud”, indicó el ingeniero.

Dijo que la elegibilidad “para muchos de estos servicios depende de los límites de ingresos promulgados por el gobierno federal”.

El líder de los constructores no quiso reaccionar de momento, a las denuncias que se espera que hagan hoy lunes, trabajadores de la construcción, agrupados en el capítulo de Puerto Rico de la Unión Internacional de Trabajadores de América del Norte (LIUNA en inglés) de alegado incumplimiento del gobierno y de contratistas en general con la orden ejecutiva que firmó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares de pagarles un salario mínimo de $15.00 la hora a los empleados de este sector.

Indicó Colón que no le consta “de personal y propio conocimiento lo que está ocurriendo con esa orden”.

“La orden es para proyectos favorecidos por el gobierno, proyectos de obra pública, no privada”, sostuvo el ingeniero al Primera Hora preguntarle si estaban cumpliendo con la orden ejecutiva.  Según Colón, la “orden ejecutiva” se la agenció LIUNA para sindicalizar a los obreros de la construcción mediante acuerdos laborales por proyecto”.

Primera Hora requirió entrevista con Ledesma Fuentes, pero no estuvo disponible.