19 de enero de 2012

El Nuevo Herald

Una mujer de Miami se declaró culpable hoy de participar en un esquema de fraude al sistema de salud pública (Medicare) por 200 millones de dólares en reclamaciones falsas, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.

Sandra Jiménez, de 38 años, admitió en un tribunal federal que se involucró en el fraude urdido por los propietarios de las empresas American Therapeutic Corp. (ATC), su subsidiaria, Medlink Professional Management Group Inc., y American Sleep Institute (ASI), con sede en Miami.

La acusada, según la fiscalía, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude al sistema de salud y otro de conspiración para estafar a EE.UU., pagar y recibir sobornos.

Los dueños de ATC pagaron sobornos a propietarios y operadores de centros de residencias para personas con necesidades especiales, entre otras personas, a cambio de que les remitieran pacientes, según los documentos del caso citados por la fiscalía.

Luego presentaron reclamaciones falsas al Medicare a través de la ATC que operaba con supuestos programas de hospitalización parcial (PHPs, en inglés) en siete centros del sur de Florida y Orlando.

PHP es un programa de salud pública que ofrece atención sólo a los pacientes que padecen de Alzheimer y demencia grave.

En algunos casos, los pacientes beneficiarios del Medicare recibieron también sobornos, indicó la fiscalía en un comunicado.

Jiménez en su declaración de culpabilidad admitió que había solicitado beneficiarios del Medicare y pagó sobornos a los propietarios de los centros de residencia para personas con necesidades especiales a cambio de esos pacientes, dijo la fiscalía.

El monto de los sobornos estaba basado en el número de días que cada paciente permanecía en ATC, agregó.

La acusada también reconoció que participó en otro fraude por separado mediante Priority Home Health que presentó reclamaciones falsas por 46 millones de dólares por servicios de salud prestados en casas de pacientes que fueron reclutados para ese fin y que tampoco calificaban para recibir esa asistencia médica.

La mujer afronta una condena máxima de 15 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares.

ATC, Medlink, ASI, los propietarios de esas empresas, médicos, pacientes y otras personas fueron acusados en febrero del año pasado.

Hasta el momento ATC, Medlink y otros nueve acusados se han declarado culpables o fueron convictos en juicios, mientras que otros están a la espera de ser juzgados, informó la Fiscalía Federal.