8 de diciembre de 2011

El Nuevo Dia

La Policía confía en que el registro de teléfonos celulares prepagados ayudará a detener los miles de casos de extorsión e intrusión a la tranquilidad personal que se cometen anualmente desde las cárceles del país, sostuvo ayer el teniente Roberto Ferreira.

"Estamos muy deseosos de que el gobernador nos dé esa ayuda para combatir el crimen", dijo Ferreira, quien está a cargo de la Unidad de Servicios Especializados del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de San Juan.

A pesar de los esfuerzos que ha realizado la Uniformada desde 2009 para hacer realidad este registro, las compañías de celulares lograron detener -con su cabildeo- la medida legislativa a esos fines hasta la presente sesión extraordinaria, denunciaron varios legisladores estadistas.

Pero el proyecto -que dio vueltas en la Legislatura desde el 28 de agosto de 2009- ya está en espera de la firma del gobernador Luis Fortuño. Con ese paso se crearía por ley el registro de los propietarios de celulares prepagados, el cual estará a cargo de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT).

Entre la información que se solicitará a los consumidores para poder comprar un celular prepagado está una identificación con foto, la dirección física y postal, así como un número de teléfono alterno para contacto en caso de ser necesario, según detalla el Proyecto de la Cámara 1956.

Esta información ayudará a la Policía a identificar quién compró el teléfono celular en el que se generó la llamada de extorsión, afirmó Ferreira. "Ahora sabemos dónde compró el celular, pero no quién compró", explicó el investigador.

De acuerdo con Ferreira, en la actualidad la Policía no tiene estadísticas certeras sobre los casos de extorsión de ciudadanos. En parte se debe a que en los cuarteles no se siguen las directrices de registrar las querellas y referirlas al CIC, dijo el oficial policiaco.

Agregó que en 2010 tuvo ante sí más de 3,000 querellas para investigar, solo de la región policiaca de San Juan.

"Ese es un delito que ha ido creciendo a grandes proporciones, incluso la cantidad de dinero que se han apropiado esos delincuentes ha sido alta. Hay gente que paga $500, otros $1,000", sostuvo.

No obstante, el teniente aceptó que son pocos los casos que han podido esclarecer. Entre ellos recordó un arresto que se realizó en una megatienda de Bayamón, donde el maleante le solicitó a una persona 14 giros de $500.

"Siempre son llamadas de fraude y nosotros aconsejamos enganchar la llamada inmediatamente... Al quedarse en la llamada, van cambiando la temática para inducir a la persona a que vaya a depositar el dinero", manifestó.

Agregó que estas extorsiones se llevan a cabo en la horas del desayuno, almuerzo y cena de los confinados.

El Senado pegó freno

Este registro de propietarios de celulares prepagados fue promovido por el entonces superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, desde el 2009. De hecho, asignó a la abogada Estrella Vega la tarea de cabildeo para lograr su aprobación, comentó Ferreira.

Sin embargo, el autor de la medida, el representante ángel "Gary" Rodríguez, señaló que la medida quedó detenida en el trámite legislativo debido a la presión de las compañías de celulares.

Dijo que estas empresas "no se atreven decirle al país que su oposición al registro de celulares prepagados es económica. Puede representar una merma económica, porque no va a ser tan atractivo para personas que cometen fechorías".

Rodríguez fue más lejos al solicitarles que contribuyan al bien común de los puertorriqueños. Específicamente dijo: "Este mensaje se lo envío a las compañías de celulares. Siempre tenemos que tener el bien común sobre los intereses económicos en Puerto Rico".

Para Rodríguez, el responsable de frenar el proyecto fue el entonces portavoz de la mayoría en el Senado, Roberto Arango. Pero no habló sobre las motivaciones que este pudo tener para que la medida no se llevara a votación.

Aunque sin proveer nombres, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, Lornna Soto, le dio la razón. Explicó que la medida estuvo bajo su poder solo por diez días.

Esto se debe a que llegó a sus manos el 15 de junio de 2010 y ya para el 25 de junio de ese mismo año había emitido un informe recomendando su aprobación, según corroboró este diario en el sistema de trámite legislativo.

Cuando se le preguntó qué sucedió luego de que radicó el informe, Soto señaló que "desde 2010 estaba en Reglas y Calendario. Hace un año y medio".

Esa comisión era presidida por Arango, quien ayer no respondió la petición de entrevista sobre este tema.