8 de diciembre de 2011

El Nuevo Dia

como Una sola voz, la industria de servicio celular presentó ayer su preocupación ante la posibilidad de que el gobernador Luis Fortuño convierta en ley el proyecto que propone el registro obligatorio de celulares prepagados.

Conscientes de que se trata de una medida legítima que busca atender el problema de la criminalidad en la Isla, las proveedoras destacaron que la medida, según redactada, sería casi imposible de implementar.

"Entendemos que las intenciones son nobles, pero de la forma que se quiere ejecutar lo que podría causar serían más agravantes", destacó Jorge Martel, presidente de T-Mobile en la Isla.

La motivación de la medida, propuesta por el representante penepé ángel "Gary" Rodríguez, es frenar la modalidad del uso de celulares prepagados para extorsionar y cometer otros delitos.

En una comunicación escrita, las cinco compañías locales (T-Mobile, AT&T, Claro, Sprint y Open Mobile) se mostraron dispuestas a dialogar con los organismos gubernamentales pertinentes, así como con otras organizaciones para contribuir de manera eficaz en la lucha contra la delincuencia.

Por su parte, Josúe González, vicepresidente de mercadeo de Open Mobile, destacó que no se trata de estar a favor o en contra del proyecto, sino de buscar la forma de lograr que sea viable sin que ninguna de las partes sea afectada. Se ha dicho que el registro atentaría contra las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrán a su cargo la tarea de recopilar la información de los clientes que adquieran los celulares prepagados.

En este particular, tanto el Centro Unido de Detallistas (CUD) como la Cámara de Comercio de Puerto Rico se han expresado en contra de la medida.

La Isla haría historia

Si Fortuño firma el proyecto, Puerto Rico se convertiría en la primera jurisdicción en Estados Unidos en hacer obligatorio la creación del registro.

Entre las razones que tiene la industria para rechazar la medida está la existencia de la Ley 15 de 2011, que prohíbe el uso de comunicación celular en las cárceles y permite la implementación de tecnología para evitar el funcionamiento de los dispositivos inalámbricos.

"Sin embargo, el Gobierno no ha asignado recursos para dicho programa. La solución existe, no hace falta legislación adicional", explicaron las proveedoras.

Además, dijeron que el registro traería como resultado el contrabando de teléfonos móviles, no registrados, lo que haría difícil el rastreo y monitoreo de dichos celulares.

En este sentido, según Martel, esto afectaría la colaboración diaria que existe con las autoridades federales y estatales en la investigación de la actividad delictiva.

Al cierre de esta edición, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, no había respondido a las llamadas de este diario para reaccionar a esta medida.