29 de noviembre de 2011

El Vocero

Estos clientes continúan disfrutando del servicio porque para la corporación pública resulta más costo efectivo no cobrar la deuda que activar policías para que acompañen al personal de la AAA a cortar el agua.

"No le estamos cortando el agua. Nosotros tenemos que evaluar si vamos a seguir yendo con un contingente de policías para cortar el agua, que nos va a salir en más de 3 mil dólares, para reclamarte 80 dólares. Tenemos que ser prudentes con eso y utilizar otros mecanismos. Es un problema que tenemos nosotros y la Autoridad de Energía Eléctrica", confirmó el director de la AAA, José Ortiz.

De 51,837 clientes no pagan la factura 30,304. Desde febrero del año pasado los residentes de los complejos de vivienda pública están obligados a pagar $19.71.

Una fuente de este rotativo ligada al proceso dijo que hay clientes que deben a la AAA sobre $13 mil porque nunca le han exigido el pago.

Actualmente, 25,400 personas tienen plan de pago y solo se les exige $10 mensuales para saldar la deuda.

Mientras miles de personas evaden el pago de agua los jefes de agencias se pasan la papa caliente y se responsabilizan el uno al otro.

"Vivienda tiene que hacer su trabajo. Eso es un reclamo que yo le hice al Secretario porque si no cumples con el pago de las utilidades los residentes pueden ser desalojados", dijo Ortiz.

Sin embargo, Hernández Vivoni indicó que solo pueden ir contra los residentes cuando se trate de conexiones ilegales.

"En términos del pago de utilidades cada corporación pública es responsable del pago", sostuvo el Titular de Vivienda.

Según Ortiz, identifican estrategias para que las compañías privadas que administran los residenciales ayuden a cobrar el servicio "porque ellos conocen la cultura interna de allí".

Por otra parte, Hernández Vivoni explicó que la Administración federal de Vivienda Pública le concede a los residentes un crédito por utilidades y se resta del total de la renta que pagan.

Por ejemplo mencionó que si un residente paga $300 se le concede un crédito de $30-dependiendo de la cantidad de habitaciones- por lo que tiene que pagar de renta $270.

"Lo que hemos estado tratando- y a lo mejor esa es la confusión del Director (Ortiz)- es de ver si la oficina de HUD en Puerto Rico nos permita retener ese crédito y pagarlo directamente a las corporaciones, pero la reglamentación lo que hace es que obliga a cada residente a que asuma su responsabilidad", dijo Hernández Vivoni.

"Eso sería por lo menos un ingreso constante que estarían recibiendo las corporaciones públicas que ahora mismo no reciben", agregó.

El Secretario de Vivienda rechazó que la tarifa fija fuera un fracaso porque "tienes una deuda pero antes no tenías tanta gente conectada legalmente. Ha mejorado mucho el hecho de que la gente este poniendo sus utilidades legalmente y evitar desahucios, pero sí hay que mejorar la cultura de pago".

Según Hernández Vivoni, la Ley 69 conocida como "Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos" tiene el objetivo de obligar a los residentes a que se conecten legalmente al sistema y así evitar desalojos.

El Titular, quien era asesor del Gobernador cuando se firmó la Ley, explicó que "al aumentar esa captación- aunque baja la cantidad que recuperan las corporaciones- aumentaba la matrícula legalmente e iban a recibir más ingresos".