4 de noviembre de 2011

El Vocero

"Todo el mundo está integrando los costos", sostuvo Pagán. "Son altos, son unos retos. (Pero), es un elemento -de los muchos- que cada banco tiene que evaluar", agregó.

La ABPR y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) llevaron a cabo ayer la quinta edición de Minority Depository Training Seminal, un programa educativo que giró en torno a las regulaciones tras la Ley Dodd Frank y el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Este último es un ente que viene a velar por el consumidor, entre otras cosas, para que no sea víctima de prácticas abusivas. Estas facultades que anteriormente estaban en manos de varias agencias federales, ahora estarán consolidadas en esta oficina.

"La actitud de la banca local ha sido positiva desde le punto de vista de aprender de las lecciones de allá afuera", afirmó Pagán.

Las nuevas reglamentaciones impactan toda la actividad bancaria, siendo las más relevantes las referentes a préstamos hipotecarios, riesgos y problemas en la banca electrónica, riesgos y cumplimiento en las relaciones a terceros, entre muchos otros.

A pesar de los costos de implantación de las nuevas reglas, Pagán reconoció que es a bancos grandes a nivel mundial a quienes se les hace más difícil implementar los mismos.

Por su parte, el Comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla, coincidió en que muchas de las disposiciones de la nueva ley ya se han ido implementando en Puerto Rico. Entre estas mencionó los modelos de riesgo y los "stress tests" que son los escenarios de mejor a peor que podría enfrentar una institución bancaria y la forma en la que se impacta su estructura de capital. Estos ejercicios le dan al banco una idea del capital de qué necesita para enfrentar una crisis.

A nivel mundial los grandes bancos han tronado contra las nuevas regulaciones, en particular por los requerimientos de capital que entiende aumentará el costo de otorgar créditos, lo que redundará en el alza de los préstamos. Bajo el acuerdo internacional de capital conocido como Basilea III, los bancos globales tendrían que mantener un capital de calidad máxima de 7% de sus activos en riesgo de mora.

A nivel local ya la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras firmó un acuerdo de colaboración con el CFPB. Padilla describió el ente en forma jocosa como un "súper DACO" (Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico). El CFPB está en etapa organizativa y se espera que comience a operar pronto en su gestión fiscalizadora.