17 de octubre de 2011

La Opinion

SACRAMENTO, California.— Cerca de 500 ancianos de todo el estado, desde Redding hasta San Diego, estafados de sus ahorros por una corporación que se declaró en bancarrota, urgieron a la Secretaria de Estado a compensarlos con el Fondo de Compensación por Fraudes Corporativos.

La compañía que estafó a los ancianos es Senior Care Advocates, propiedad de James A. Walker de Roseville, la cual se fue a la bancarrota en 2009. Después de una investigación de cuatro años por la Procuraduría del Estado, se encontró que esta corporación engañó a los ancianos metiéndoles miedo de que sus ahorros serían consumidos por el costo de un asilo.

En 2003, Cecilia Márquez, de 67 años, y su esposo Jesús, de 65, dieron 20,000 dólares de sus ahorros de obreros a Senior Care Advocates, esperando tener dinero para cualquier emergencia de salud que no fuera cubierta por Medicare. "Nosotros no queríamos ser una carga para nuestros hijos pero nos sentimos muy mal cuando nos dimos cuenta que el grupo hizo una bancarrota y ahora la Secretaria de Estado no nos quiere compensar", dijo Márquez.

De los 500 ancianos estafados, 50 ya se murieron.

El abogado Mark A. Redmond de la organización Abogados contra el Abuso de Ancianos dijo que se busca que se les restituya 7 millones dólares en total por los más de 500 ancianos estafados. "Lo que esta corporación hacia era venderles miedo con la idea que perderían sus ahorros y casas si alguna vez necesitaban un asilo especializado, a menos que les pagaran para enseñarles cómo evitar ese destino. Muchas familias como la de la señora Márquez creían que el dinero pagado era para emergencias de salud pero no era así", comentó.

Un fallo de una corte hizo a estos ancianos víctimas de fraude elegibles para la compensación del fondo estatal, pero la secretaria de Estado, de acuerdo a los abogados de los ancianos estafados, ha rechazado repetidamente cumplir con las solicitudes. En los pasados 16 meses, las víctimas han presentado más y más documentos para satisfacer las demandas adicionales de la oficina de la Secretaria de Estado, sólo para que les digan que necesitan más información.

"¿Por qué la secretaria [Debra Bowen] no usa el dinero designado para las víctimas de fraude corporativo para reembolsar a esta gente? Esa es la obligación de ese fondo", indicó Prescott Cole, abogado de la organización Defensores de California por una Reforma a los Asilos (CANHR).

Cole se quejó de que en 2010, la legislatura transfirió 10 millones de dólares del Fondo de Compensación al Fondo General del Estado.

"Este Fondo no fue creado para ayudar a balancear el presupuesto estatal", criticó Cole.

El Fondo de Compensación por Fraudes Corporativos fue establecido por la legislatura en 2002 luego del escándalo de la compañía de energía Enron para reembolsar a los californianos que no pueden colectar el dinero que las cortes fallaron debían pagarles. Este fondo es financiado con una porción del pago anual de 2.50 dólares que las corporaciones hacen por archivar un documento llamado "estado de información" en la Secretaria de Estado.

Nicole Winger, portavoz de la Secretaria de Estado dijo que dicha dependencia tiene que seguir la ley y no puede pagar los reclamos elegibles hasta finales del año legislativo, en julio de 2012. Aclaró que lo máximo que pueden pagar por reclamo son 20,000 dólares, justo en promedio lo que invirtió cada anciano en la corporación que se fue a la bancarrota.

Aclaró que el Fondo tiene candados para asegurarse que cada víctima tengan un derecho equitativo al dinero, que prueben la perdida, y tiene un tiempo establecido para aprobar y pagar cada año fiscal.

Desde que el Fondo se creó en 2003 hasta el año, siete diferentes reclamos de diferentes corporaciones han sido elegibles para ser pagados, y 133 no fueron elegibles. En total han pagado 92,000 dólares a las siete víctimas de fraude corporativo en casi 10 años, contra 15 millones de dólares que ha generado el fondo.

El estado ha pagado más por administrar el fondo que a las víctimas, se lamentó el abogado Cole.