26 de septiembre de 2011

El Nuevo Dia

La propuesta fusión entre AT&T y T-Mobile por $39,000 millones, se ha visto amenazada por objeción del Departamento de Justicia Federal (DJF) y su preocupación de que se cree un coloso que sea perjudicial para la competencia y el consumidor.

A juicio del subsecretario del DJF, James Cole, la fusión -que impactaría a decenas de millones de personas en todo Estados Unidos- podría implicar precios más altos para los consumidores, menores opciones y productos de menor calidad para los servicios de telefonía inalámbrica.

Informes publicados indican que, de materializarse la fusión, más del 80% de los usuarios celulares en Estados Unidos quedarían en manos de sólo dos proveedoras, que en este caso serían Verizon y AT&T.

Pero José Juan Dávila, gerente general de AT&T en Puerto Rico, afirma que la intensión de adquirir a T-Mobile vendría a llenar una necesidad.

"Vamos a contestar esta demanda y defender nuestra posición vigorosamente, porque entendemos que la fusión con T-Mobile resuelve el problema de escasez de espectro que existe en Estados Unidos", subrayó Dávila.

El portavoz recalcó que la adquisición les permitirá implementar en un 97% su red LTE, en territorio federal ya que le proveerá una mayor tajada del espectro. Localmente, la compañía con mayor cantidad de espectro es Claro.

En Puerto Rico, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), a través de su presidenta Sandra Torres, se unió a Justicia federal al expresar públicamente que no favorece la unión de ambas compañías.

Impacto en la Isla

En el documento oficial sometido por la JRT a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) -entidad encargada de regular la industria de telecomunicaciones-, la presidenta expuso que a nivel de Puerto Rico la unión de ambas empresas tendría un impacto significativo en el ambiente de competencia que existe en la Isla.

"De realizarse la transacción, el control de la industria en Puerto Rico quedaría en manos de dos compañías (Claro y AT&T), quienes tendrían el 80% del mercado", aclaró en su misiva.

"Si esto ocurriera el consumidor sería el más afectado porque no habría motivación a la competencia y se sobrepasarían los estándares antimonopolio", señaló Torres a Negocios.

"Se podría afectar la calidad de servicio y podríamos estar viendo un aumento en los precios", añadió.

El restante 20% quedaría en manos de Sprint y Open Mobile, quienes a la fecha no tienen una participación significativa de consumidores, según la presidenta.

De la información oficial presentada por la Junta también se desprende que existe evidencia "sustancial" que indica que AT&T es dueña del 23.6% de las acciones de América Móvil. "Además, dos ejecutivos de AT&T se sientan en la junta de directores de América Móvil", destacó el documento. "Una de las preocupaciones grandes es la competencia. Si es en Estados Unidos que existe un mercado muy grande y existe preocupación en este sentido, imagínate en Puerto Rico que somos mucho más pequeños", concluyó Torres.