Descansando en los hallazgos de fraude señalados por los reguladores federales, un trío de inversionistas locales acaba de radicar una demanda alegando daños que ascienden a decenas de millones de dólares contra UBS Financial Services of Puerto Rico, varias de sus subsidiarias y dos de sus principales ejecutivos, Miguel A. Ferrer y Carlos J. Ortiz.

El principal argumento en la demanda, que pide se le certifique como un pleito de clase, es la orden de cese y desista emitida en mayo por la Comisión de Intercambio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) contra UBS, Ferrer y Ortiz. Este pleito parece ser el primero que se radica en el Tribunal federal de San Juan como consecuencia directa de esta orden. Aunque UBS acató los hallazgos del SEC sin aceptarlos ni negarlos, pero pagando una multa de $26 millones, las imputaciones de los agentes federales fueron rechazadas tajantemente por Ferrer y Ortiz, quienes optaron por litigar defendiendo sus acciones. El caso administrativo contra los dos ejecutivos está señalado para una vista pública en San Juan el próximo mes de octubre.

El pleito fue radicado por dos inversionistas individuales y uno institucional, Carmelo Román, Ricardo Román Rivera y SDM Holdings LLC, quienes están pidiendo sanciones contra el banco a nombre propio y de otros, sin identificar que invirtieron en varios de los 23 fondos mutuos cerrados que UBS mercadeó agresivamente entre el 2008 y 2009 cuando, según los reguladores, ya sabían que el mercado estaba en crisis.

Los Román y SDM están pidiendo a la Corte que se le compense a ellos y a todos los futuros demandantes por las pérdidas que han sufrido, más que se le imponga a UBS PR y a sus ejecutivos daños punitivos además de tener que reembolsar las inversiones en los fondos mutuos cerrados en ese polémico período.

La importancia de las controvertibles transacciones es resaltada por el documento judicial que enfatiza cuan lucrativa era tanto para el banco como para los dos ejecutivos la inversión de un mercado cautivo local.

“Los fondos mutuos cerrados representaban la principal fuente de ingreso de UBS PR. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2008, estos fondos generaban el 50 por ciento del total de ingresos anuales de UBS PR. En el 2008 este negocio le produjo aproximadamente $94.5 millones a la firma. Los demandados, en su mercadeo y venta de las acciones, promocionaron lo seguro y confiable de esta inversión y representaron que el precio de venta representaba el valor de las inversiones así como la demanda del mercado”, cuando sabían que esa no era la realidad, señala la demanda. Haciéndose eco del SEC, la demanda añade que los ejecutivos de UBS les ocultaron a ellos y a miles de otros posibles inversionistas que el costo de la inversión no lo fijaba realmente su valor en el mercado sino que lo imponían los ejecutivos del propio banco, que además controlaban el mercado secundario de los fondos mutuos cerrados.