1 de noviembre de 2019
El Nuevo Dia
El análisis del sociólogo y académico Héctor Cordero Guzmán se suma a los múltiples documentos sobre la AEE ante la jueza Swain. (GFR Media)
Si la jueza Laura Taylor Swain da paso al acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como se negoció con los bonistas, los hogares de bajos ingresos en Puerto Rico llevarán la mayor parte de esa nueva carga, teniendo que dedicar sobre una tercera parte de sus ingresos al pago de la factura de la luz, ha concluido el sociólogo y académico puertorriqueño, Héctor Cordero Guzmán.
Según el análisis de Cordero Guzmán, profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, a pesar de que los hogares de bajos ingresos en la isla consumen menos electricidad en relación a los hogares más pudientes, las familias con ingresos anuales de hasta $6,499 al año y que pagan en la actualidad alrededor de $65 al mes en su factura, terminarán pagando al mes, con el mismo consumo, alrededor de $82.60. Esto, una vez se implementen los cuatro aumentos escalonados contemplados en el acuerdo con el grupo de bonistas organizados (Ad Hoc-AEE).
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Considerando la tarifa actual, que ronda en 21 centavos el kilovatio hora (kvh), el 5% de los hogares más pudientes y que consumen alrededor de 1,000 kvh pagan una factura de $195.26. Con el RSA, la factura se elevaría hasta $244 al mes. Para estos hogares, el RSA duplicaría, de 1% a 2%, el ingreso que se dedica al pago de la electricidad.
Los hogares con ingresos de $25,000 y $45,099 pagan en la actualidad alrededor de $103 al mes en su factura de la luz. Con el pacto en la AEE, estas familias tendrían que ajustar su presupuesto para pagar sobre $130 en su factura eléctrica mensual o alrededor de $350 más al año.
Pero, mientras el 5% de los hogares en Puerto Rico recibe el 25% del total de ingresos que se generan en la isla, las dos quintilas de hogares en los niveles más bajos reciben en conjunto y apenas, el 9% del ingreso que se genera en Puerto Rico. Y en esos dos grupos de hogares, una vez se implemente el RSA en la AEE, estos dedicarán hasta el 42% y 11% de sus ingresos anuales, respectivamente, para el pago de la luz.
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“El RSA de la AEE está lejos de ser razonable, justo y equitativo y tampoco es factible desde la perspectiva de la población de Puerto Rico”, indicó Cordero Guzmán, quien ha centrado buena parte de sus investigaciones en el cuadro económico y social de las familias de ingresos bajos y grupos vulnerables en la isla.
En Puerto Rico, la línea de pobreza federal ronda unos $12,000 por persona al año.
Según Cordero Guzmán, si el RSA de la AEE se implementa como se negoció, será el 40% de la población que recibe los ingresos más bajos en la isla, quienes llevarán la peor parte.
El trámite judicial
El verano pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio su visto bueno a una versión revisada del RSA en la AEE. Señaló entonces que a diferencia del pacto anterior, la tarifa de la luz no cambiará más allá de lo negociado aun si las ventas de electricidad no son suficientes para pagar a los bonistas.
Sin embargo, el nuevo pacto solo incluye bonistas y aseguradores municipales. Como resultado, a ese aumento habrá que incluir otra alza para pagar las líneas de combustible de la AEE, las pensiones de la corporación pública u otras obligaciones.
El análisis de Cordero Guzmán ahora se suma a los múltiples documentos sobre la AEE ante la jueza Swain, quien tendrá que decidir si el RSA que renegociaría unos $8,200 milones conviene a la AEE.
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Sin embargo, podría decirse que el proceso de análisis del RSA está en una especie de limbo. Primero, porque las aseguradoras municipales que respaldan la deuda de la AEE y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) han pedido al tribunal indagar cómo se llegó al RSA, lo que ha requerido citar testigos como el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega. Y en segunda instancia, porque al presente, la JSF no ha radicado un plan de ajuste para la AEE. En su lugar, la JSF radicó el RSA por separado como un paso inicial para luego presentar el plan de ajuste de deudas para toda la corporación pública.
Esta semana, durante la audiencia general de los casos de Título III, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock insistió en que si el RSA no prospera, ello será devastador para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, una reforma indispensable para la reactivación económica.
El estudio de Cordero Guzmán no es el primero en plantear el efecto adverso del RSA en la AEE. A principios de septiembre pasado, El Nuevo Día reveló un estudio del economista Ramón Cao, quien -entre otras cosas- concluyó que el RSA aumentará los precios de los bienes que consumen los puertorriqueños y hará más costoso operar una empresa en la isla.
No obstante, el análisis de Cordero Guzmán, realizado a pedidos de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), es el primero que ofrece un análisis del impacto del acuerdo a nivel de las familias en Puerto Rico, y en especial, en aquellos hogares de bajos recursos o ingresos fijos como sería el caso de los pensionados o personas de edad avanzada.