20 de noviembre de 2015

WASHINGTON (Notimex) — La cadena de comida rápida McDonald´s pagará una sanción de 355,000 dólares como parte de un acuerdo alcanzado este jueves con el Departamento de Justicia para resolver denuncias de discriminación contra trabajadores inmigrantes en sus establecimientos.

El acuerdo se logró tras una investigación iniciada por la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas a Inmigración (OSC, por sus siglas en inglés) a partir de denuncias hechas por algunos de los trabajadores de la cadena.

La investigación encontró que McDonald’s tenía como práctica obligar a trabajadores que son residentes legales a mostrar una nueva tarjeta de residencia una vez vencido el documento original, pese a que la ley federal prohíbe dicha práctica.

"La exigencia de documentación innecesaria a los individuos en función de su estado de ciudadanía o inmigración es discriminatoria, y el Departamento de Justicia no dudará en hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los inmigrantes con el trabajo autorizado", dijo la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamente de Justicia, Vanita Gupta.

Bajo el acuerdo, McDonald’s pagará al gobierno 355,000 dólares en sanciones civiles, y se someterá a 20 meses de supervisión, y capacitará a sus empleados en cuanto a la disposición antidiscriminatoria de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

De igual modo, McDonald’s deberá indemnizar a aquellos residentes permanentes legales que eran empleados en restaurantes propiedad de la cadena y que perdieron horas laborales o sus empleos como consecuencia de esta práctica.

Según la investigación, la compañía no exigió lo mismo a los trabajadores ciudadanos cuando los documentos originales que presentaron al momento de su contratación habían expirado.

Las autoridades pudieron determinar además que la compañía no permitió trabajar a aquellos trabajadores inmigrantes que no pudieron presentar sus nuevos documentos, como resultado de los cuales algunos perdieron sus trabajos.

El Departamento de Justicia dejó en claro que la ley prohíbe a los empleadores obligar a los residentes permanentes legales que contratan a que presenten sus tarjetas de residencia permanente al comenzar a trabajar.