Primera Hora
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| Crist & John Recyclers, Inc., y Transporte de Gomas Nathan, cuyo presidente es Samuel Morales, corren el riesgo de quebrar porque el Gobierno les adeuda una cantidad millonaria de dinero, lo que no les permite cumplir con sus compromisos |
En tan sólo unos días, Puerto Rico podría quedar inundado no con lluvia, sino con gomas inservibles, y todo por culpa del Gobierno.
Así lo advirtió Samuel Morales, presidente de Crist & John Recyclers, Inc., y de Transporte de Gomas Nathan, empresas radicadas en Aguada que se dedican a recoger, compactar y sacar de la Isla 54 mil gomas usadas ¡todos los días!
Las compañías, que juntas se encargan del 87% del reciclaje de gomas en el país, están a punto de irse a la quiebra porque el Gobierno les debe alrededor de $7 millones.
Las deudas tienen asfixiadas a las empresas, al punto de que ya nadie les quiere fiar ni siquiera el combustible para que sus camiones salgan a buscar todos esos neumáticos que están tirados por ahí o esperando su recolección en las gomeras.
Si las compañías colapsan, no sólo se crearía una crisis de basura en todo el país, incluidas las islas de Vieques y Culebra, sino que aumentaría la posibilidad de una nueva epidemia de dengue, igual a la que ocurrió en el 2010, cuando 33 personas murieron por esa enfermedad, dijo Morales.
Para tratar de evitar lo peor, el grupo de recicladores hará una manifestación de grandes proporciones mañana frente al Capitolio, en la que participarán cerca de 20 empresas de transportistas con alrededor de nada más y nada menos que 60 camiones, algunas de ellas con el mismo problema de Crist & John Recyclers, Inc.
El objetivo es darle al Estado un periodo de 48 horas, empezando el mismo martes, para que tome acción inmediata.
“Vamos a organizarnos para salir a las 9:30 de la mañana desde Buchanan y de ahí vamos rumbo al Capitolio para exigir lo que se nos debe”, dijo el presidente de la empresa en exclusiva a Primera Hora.
Morales explicó que la mayor parte de la deuda del Gobierno consiste en unos $5.3 millones acumulados desde antes de noviembre de 2011, cuando se les pagaba por cada goma recogida.
A partir de entonces, entró en vigor una nueva ley que cambió la compensación para que se determine el precio según el peso del material recogido, lo que en términos prácticos equivale a una reducción de casi el 50% de lo que recibían antes.
Eso obligó a los recicladores a hacer ajustes en su modo de producción, pero al entender las repercusiones que tendría para la salud del pueblo dejar de recoger las gomas decidieron continuar con el negocio.
“Una funcionaria del Departamento de Salud dijo el otro día en su periódico que les preocupaba que las gomeras no estaban ayudando a reducir las gomas. Que las dejan al aire libre y que ése era el problema más grande que ellos tenían. Pero yo digo, ¿y por qué entonces, si tanto les preocupa que no haya otra epidemia, no les pagan a los que se encargan de recoger las gomas y exportarlas?”, cuestionó indignado.
Aunque el Gobierno sólo está obligado a pagarles la mitad, en comparación con el modo en que se hacía antes, todavía es la hora que desde el 1 de noviembre de 2011 no les han abonado ni un solo centavo de los $800,000 que han logrado facturar desde entonces.
¿Por qué si ahora el Gobierno les paga la mitad, no acaba de saldar su deuda? Ésa es la gran pregunta que se hace Morales y lo que más rabia le da.
En especial cuando recuerda que una de las promesas de campaña del gobernador Luis Fortuño fue saldar las deudas que tuviera el Gobierno con los contratistas.
Además, hace dos años pudo hablar con el mandatario en persona y éste presuntamente le prometió ayudarlo a recuperar el dinero adeudado.
“Pero no ha hecho nada”, lamentó Morales.
“Yo no quiero tirar a la calle a 90 empleados que yo tengo allí. Esta compañía lleva 19 años bregando como se dice con to’s los powers, con el esfuerzo propio y de día a día, pero el Gobierno no ha sido quien de respaldarnos”, expresó.
Además de los 90 empleos directos, las empresas generan cerca de 300 empleos indirectos.
Asimismo, las deudas que han acumulado con otras compañías están creando un efecto dominó que no ayuda en nada a la reactivación de la economía, afirmó.
Entre sus deudas, tan solo del mes pasado tienen $60 mil en diesel para sus camiones.
En nómina invierten $131 mil mensuales, que seguramente ya no podrán pagar.
Morales contó que una de las nuevas excusas que le han dado para no pagarles es que no tienen un permiso especial que se requirió con la nueva ley.
Pero de ese requisito se enteró seis meses después.
“¿Cómo me permitieron recolectar seis meses de neumáticos? Para recoger no lo necesitaba, pero para cobrar necesitaba el permiso ese”, declaró.
Morales afirmó que nunca le ha pedido al Gobierno un préstamo o una línea de crédito, lo que ha llamado la atención del personal de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), con el que se ha reunido.
Les han dicho que la deuda anterior se refiere a errores en siete “manifiestos” o facturas, lo que a su juicio es inaceptable porque genera cerca de 600 semanales. “Eso no tiene sentido”, señaló.