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  Por el libro

13 de octubre de 2020

El Vocero

En el Viejo San Juan, Condado, Isla Verde y la calle Loíza, hay más de 20 edificios dedicados al alquiler a corto plazo.

 

La necesidad de habitaciones independientes para atraer al sector turístico es una realidad ante la falta de cuartos de hotel —que rondan los 15,000— pero los alquileres a corto plazo, que se han convertido en una lucrativa fuente de ingreso para los dueños de estas propiedades, requieren de regulaciones más estrictas.

Así lo entiende Tomás Ramírez, presidente de XJTT Hospitality, Inc. y propietario de Combate Beach Resort, quien le pide a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) que modifique el reglamento para registrar a todas las propiedades de alquiler a corto plazo y pueda haber control sobre ellas. Ramírez indicó que los cuartos endosados por la CTPR cuentan con permisos y estándares de seguridad del Departamento de Salud, Bomberos, Hacienda y son auditados semestralmente. Enfatizó que las hospederías de corto plazo, necesitan regulaciones más estrictas para brindarle al turista la calidad, higiene y seguridad que se exige y garantiza en los hoteles y paradores del País.

“Con un registro se les orientaría para que llenen sus reportes mensuales y Turismo sabría dónde están estas unidades, porque ahora no hay visibilidad”, comentó Ramírez.

Entiende que es necesario que paguen ‘room tax’ y que haya un reglamento con estándares mínimos para quien rente su casa a corto plazo. Ramírez aseguró que, acorde con estudios internos realizados por la Asociación de Paradores (AP), en la Isla hay unos 25,000 alojamientos de este tipo y de estos hay solo 7,000 registrados. “El resto está por la libre. El 40% lo tiene Airbnb, según data de la misma plataforma. Nuestro reclamo no es el único, cada día más países del mundo reglamentan los alojamientos independientes o ‘short-term rentals’, como Inglaterra y ciudades como New York, Chicago, Texas, Miami y Barcelona”.

Una alternativa para muchos

En momentos de estrechez económica, el ingreso que generan estos alquileres se ha convertido en la tabla de salvación para muchos puertorriqueños que han podido sostenerse económicamente alquilando su propiedad, sobre todo quienes han perdido el empleo durante la pandemia de Covid-19.

“Yo me dedico a darles ‘tours’ a los turistas en mi guagua, pero no he podido trabajar hace varios meses. Rento un apartamento de un cuarto, amueblado, con una barrita, enseres, acondicionador de aire central, internet, cable tv y estacionamiento en Isla Verde”, detalló el dueño de uno de estos alquileres, quien pidió que no se le identificara. Aseguró que cobra entre $55 y $70 la noche. Si lo alquila por un mes, entonces cobra $1,800, cuantía que aseguró los extranjeros pagan por estar en zona turística y solo tener que traer su ropa. “Lo anuncio por Airbnb y se está moviendo muy bien; está como en un 70% ocupado, comparado con lo que generaba antes del Covid-19”, añadió.

Ramírez, quien también es vicepresidente de la AP, aseguró no oponerse a este tipo de alquiler, pero exige que sean tratados igual que los hoteles y paradores, que —a diferencia de estos dueños de propiedades— deben cumplir con certificaciones y pagar contribuciones.

Estos alquileres se anuncian en plataformas como HomeAway, VRBO, Join a Join, Flip Key Facebook, Booking y Expedia. Como Airbnb les pide que deben esperar 72 horas para alquilar la casa o apartamento, los dueños lo alquilan al otro día desde otra plataforma. “Sé de personas que se comunican por teléfono con los clientes para decirles que cancelen su reservación en estas plataformas y que les alquilan por acá sin el ‘room tax’. También se anuncian por medio de corredores de bienes raíces, cupones de ofertas, clasificadosonline y clasificadospr. Son varios modelos de negocios”, explicó el presidente de XJTT Hospitality, Inc.

La plataforma Airbnb recientemente aseguró a EL VOCERO que mantiene una buena relación con la CTPR y que ha pagado $16 millones en impuestos —del 1ro de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2020— a las autoridades fiscales de Puerto Rico.

No obstante, Ramírez dijo que aunque cumplan a cabalidad con su contrato, la ejecución no es verificable.

“Se dificulta la verificación de la implementación de las medidas de salud e higiene necesarias a raíz del Covid-19. Recientemente Airbnb anunció la política de no aceptar grupos de sobre 16 personas. Si fuera cierto, ¿quién los supervisa?”, declaró Ramírez.

Mientras las piscinas y áreas recreativas de los hoteles y paradores estuvieron cerradas, cientos de estos alquileres estuvieron abiertos y operando por los pasados siete meses, lo que Ramírez cataloga de competencia desleal.

El empresario añadió que cuando Airbnb comenzó en Puerto Rico hubo la expectativa de que atraería turistas extranjeros, lo que enfatizó no ha sucedido. Hoy la plataforma admite que gran parte de su volumen son viajeros locales y puertorriqueños que residen en el extranjero —el 80%—y viajan a la Isla de vacaciones.

Según Ramírez, esto se traduce a una abierta competencia desleal para las sobre 200 hospederías pequeñas legalmente registradas y con los permisos correspondientes. Según la data recopilada por la AP, los alojamientos independientes evaden sobre $60 millones en permisos, patentes, contribuciones, CRIM, y Room Tax anualmente.

Acorde con la firma que estudia los alquileres a corto plazo, Air DNA, en 2019 estos alquileres representaron cerca del 29% de todas las noches/cuarto rentadas en la Isla, con ventas de sobre $250 millones.

Air DNA asegura que gran parte de las habitaciones de alojamientos independientes están concentradas en centros de interés turístico y sobre el 56% de estas unidades se pueden rentar el mismo día, como un hotel.

Estudios de la AP indican que muchos de estos edificios pertenecen a personas que llegaron a Puerto Rico atraídos por la Ley 22, que en el pasado les exigía que compraran una propiedad en la Isla.

Para Ramírez, un hotel ilegal es un edificio o casa de varias habitaciones o apartamentos, dedicado a la renta individual a corto plazo. “En el Viejo San Juan, Condado, Isla Verde, y la calle Loíza, hay sobre 20 edificios de estos. Este nuevo modelo de negocio es adecuado, siempre y cuando estén en total cumplimiento”.


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