9 de agosto de 2018

El Vocero

La determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain en torno al presupuesto y plan fiscal aprobado por la Junta Federal de Control Fiscal, que entre otras cosas dificulta el pago de bono de Navidad a los empleados públicos, pudiese traer consigo un efecto devastador para la economía, principalmente en el sector comercial, ya que se estima que en un 90% ese dinero es utilizado para las compras navideñas y los gastos de época, ya que los ingresos tradicionales actualmente están comprometidos en un 100%.

Con esta merma comercial se arrastran igualmente los ingresos al fisco por concepto del pago del IVU, segmento al que están apostando para incrementar los recaudos.

El sector comercial estima que el impago del bono repercuta en una merma en ventas para dicha época de 20%, lo que se traduce en $600 millones menos en ventas y $69 millones menos en ingresos al fisco por concepto del IVU.

La situación se agudiza si el impago del bono navideño trasciende a las corporaciones públicas, ya que el porcentaje de decrecimiento en ventas pudiese dispararse hasta un 30%, y si continúan en alza las empresas privadas que no puedan pagar dicho beneficio. La proyección es que la cuantía que pudiese no estar llegando a la economía sea de alrededor de $130 millones. Si al igual que el gobierno central las corporaciones públicas se vieran obligadas a tomar la misma acción, dicha cuantía ascendería a $178 millones.

Esta posibilidad se une a los pronunciamientos de muchas empresas privadas que ya se han expresado en torno a su incapacidad para poder pagar el bono de Navidad, ya que no han generado ganancias, tendencia que anualmente va en incremento. En 2017, a 366 patronos se les aceptó su solicitud de acogerse a la exención para no pagar el bono navideño a sus empleados y otras 40 empresas lo hicieron de manera parcial.

Para los economistas, esta nueva incertidumbre no es otra cosa que un síntoma más de un mal general de una economía en colapso. Coincidieron en que el no recibir el bono contrae los niveles de compra, aportando también a la continuidad de la contracción de la situación económica del País. Entienden, además, que no se trata de algo desproporcional, sino que es una gota de agua extra que aporta a la grave situación económica de la Isla.

Para los comerciantes es nefasto, ya que se trata de la caída en ventas de la fecha más lucrativa de la industria comercial del País y donde están cifradas sus esperanzas económicas para el mantenimiento de sus operaciones.

Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas, entiende que la escapada de este dinero en la economía sería devastadora, ya que reduciría el poder adquisitivo de los consumidores.

“La realidad es que los consumidores utilizan el bono para las compras navideñas. Si este ingreso no llega, el efecto inmediato es la reducción en las compras. En un panorama donde el comerciante está tan golpeado con el aumento inflacionario, cualquier situación como esta lo desestabiliza, aportando a forzar la reducción de sus operaciones”, sostuvo.

Con ello coincide el analista comercial Gilberto Alvelo (Dr. Shoper), quien entiende que el dinero del bono es lo que ayuda a los comerciantes a hacer sus números, ya que ven incrementar de manera significativa sus ingresos para los meses de noviembre y diciembre.

Alvelo no descarta que se puedan seguir viendo cierres de tiendas, lo que repercute en favor de aquellas que permanezcan abiertas, “pero igualmente, sin patrocinio las ventas no llegan. Se trata de un fuerte golpe al comercio y al fisco”.