17 de mayo de 2017

El Nuevo Dia

Por Cynthia López Cabán

El exgerente general de Loomis Fargo, Néstor Medina Agosto, reconoció esta mañana que la compañía de acarreo de valores operó en la Isla durante casi una década sin cumplir la Ley.

Medina Agosto explicó que la empresa pagó $200 mensuales adicionales al chofer Otilio Martínez para rentar su licencia de detective privado, un requisito que establece la Ley de Detective Privado, entre el 1998 y 2003.

Este estatuto, vigente todavía, estipula que el oficial ejecutivo principal de una compañía de seguridad debe tener una licencia de detective privado vigente para operar la empresa en Puerto Rico.

En la continuación del juicio federal que se sigue contra el exsenador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo, el décimo testigo de cargo admitió que la empresa incluyó el nombre y número de licencia de Martínez como oficial ejecutivo principal de Loomis Fargo en los documentos de renovación de licencia que anualmente sometía a la Policía, pese a que el empleado no era el funcionario a cargo de la operación del negocio.

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"La corporación fue la que aceptó eso, no Néstor", respondió Medina Agosto a preguntas del licenciado Jason Weinstein.

Explicó ante el juez federal Francisco Besosa que después del 2003, la empresa nombró al vicepresidente de seguridad Richard Emanuelli, quien tenía una licencia de detective privado, para tratar de cumplir con el requisito de Ley.

Posteriormente y antes de abandonar el cargo en el 2008, Medina Agosto tomó los cursos y obtuvo la licencia de detective privado.

El testigo detalló que consiguió la licencia luego de que Bravo, quien presidía la compañía American Ranger, demandó a Loomis Fargo por operar de manera ilegal en la Isla.

Medina Agosto aceptó que el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Bravo, una decisión que posteriormente refrendó el Tribunal de Apelaciones.

Pese a la decisión adversa, Loomis Fargo continuó operando en la Isla y según el testigo no perdió ni $1 de ingresos.

Medina también declaró que se oponía a un proyecto que Bravo impulsaba y que hubiera enmendado la Ley de Detective Privado al definir el cargo de principal oficial ejecutivo, precisamente el cargo que debía tener la licencia de detective privado.

A preguntas de la fiscal Monique Abrishami, el testigo indicó que se oponía a la medida porque alegadamente creaba un monopolio que hubiera beneficiado a la empresa American Ranger de Bravo.

Martínez y Bravo enfrentan juicio por un cargo de soborno por segunda vez. Según el Ministerio Público, Bravo pagó un viaje a Las Vegas a Martínez para que favoreciera dos medidas: un código de conducta para los centros comerciales y una nueva Ley de detectives Privados para enmendar un estatuto que data del 1965.