13 de abril de 2016

El Nuevo Dia

Imagine que compra un vehículo de motor, y tiempo después descubre que su auto figura hurtado en los informes de la Policía o que está gravado con tantas multas de tránsito que superan lo que usted pagó por él. 

Esos son solo algunos de los ejemplos que ofreció este martes el teniente coronel Rolando Trinidad, director del Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía, al proponer al Senado que se establezcan medidas más rigurosas para evitar el fraude en las compras cibernéticas que se realizan en plataformas de clasificados. 

 

Trinidad recomendó ante los miembros de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos que las compañías que administran esas páginas dedicadas a la compra y venta de bienes y servicios establezcan un registro que, no solo contenga información para contactar al vendedor, sino que provea también alguna copia de una identificación oficial con foto y firma que sirva de garantía a los consumidores sobre la legitimidad de la transacción. 

“La creación de dicho registro sería una práctica revestida de legalidad porque el consumidor tiene derecho a estar informado de garantías mínimas, como resulta la identidad del vendedor de un bien, previo a hacer un negocio. La existencia de este tipo de registro cumpliría una labor dual de protección al consumidor y de seguridad pública”, indicó el oficial durante una vista pública. 

Explicó que muchos de los querellantes que denuncian este tipo de fraude se percatan de las irregularidades cuando acuden a renovar el marbete, y aparecen en el sistema las multas acumuladas o el gravamen de vehículo hurtado. 

A modo de ejemplo, Trinidad dijo que, como parte de las pesquisas que han realizado, han identificado sobre 60 vehículos con algún tipo de irregularidad en el Sistema DAVID de Archivo de Multas que maneja el Departamento de Transportación y Obras Pública (DTOP), y la gran mayoría de ellos han sido vendidos en clasificados.

El director del Negociado de Vehículos Hurtados de la Uniformada destacó durante la vista del Senado que muchos de esos casos son de difícil esclarecimiento, pues el querellante carece de información básica y fehaciente que ayude a las autoridades a identificar a los responsables.

“Este requisito (el registro) no resulta oneroso, ya que la industria de la venta de automóviles es una sumamente regulada en nuestra jurisdicción. Un concesionario de vehículos de motor está obligado a cumplir con una serie de requisitos para ello, por consiguiente, el gobierno, a su vez, debe establecer unas garantías mínimas que regulen ese tipo de transacción mediante el uso de anuncios clasificados”, aseveró.

Sugirió también que, además de recopilar la información personal del vendedor, en el caso de los vehículos, el anuncio contenga en la descripción el número de tablilla y el de VIN (Vehicle Identification Number). 

A quienes interesen comprar un carro mediante este sistema, les recomendó igualmente completar el traspaso de la unidad antes de efectuar cualquier desembolso. De esa manera, podrían percatarse de cualquier anomalía antes de completar la compraventa. 

Comentó que el registro que propone operaría de manera similar a lo dispuesto por la “Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño” (Ley 23-2011), que les exige a esos establecimientos contar con registros electrónicos o tangibles sobre las personas que recurren a sus servicios. 

Aunque las declaraciones de Trinidad se centraron durante la vista en el caso de los automóviles, dijo que la Policia igualmente confronta serias dificultades al atender querellas sobre alegados esquemas de fraude relacionados con la venta de equipo electrónico, como celulares, tabletas o computadoras portátiles, en ese tipo de plataforma cibernética. 

El senador Luis Daniel Rivera Filomeno, presidente de la comisión senatorial, se mostró receptivo a las recomendaciones de la Policía al señalar luego de la vista que la información registrada del vendedor podría darles a los consumidores mayores herramientas al decidir si realizan o no la transacción. 

“Un consumidor que tenga la información va a estar más cómodo para poder validar si esa transacción que se está dando le conviene o no, si es legal o no, y si en el camino él detecta algo que no le huele bien, puede tomar la decisión de no continuar con esa compra”, dijo a este medio el legislador popular. 

Rivera Filomeno anticipó que el jueves comparecerán ante la comisión que preside el Departamento de Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.