San Juan, PR – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tiene ante su consideración una querella juramentada que impugna la candidatura de los ambientalistas Juan Rosario y Agustín Irizarry a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La impugnación de los candidatos se fundamenta en violaciones a la ley que viabilizó la elección (Ley 222-2010).  La sección 4(A) de esta ley prohíbe que los candidatos a la Junta de Gobierno de la AEE sea “persona alguna que esté directamente relacionada con las uniones de la Autoridad”.

La querella ante DACO fue presentada por Carmen S. Rivera, otrora aspirante a la Junta de Gobierno de la AEE. Rivera fue inicialmente certificada por el DACO como candidata luego de haber obtenido el quinto lugar en el número de nominaciones por parte de los abonados de la corporación publica. Sin embargo, luego de que Agustín Irizarry prevaleciera en el Tribunal de Primera Instancia en su impugnación de la descalificación que hiciera el DACO de su aspiración, Rivera quedó fuera de la elección.

“La ley de esta elección de los consumidores es bien clara y dispone que los candidatos no pueden estar directamente relacionados con las uniones. Aquí existe amplia evidencia de que Juan Rosario y Agustín Irizarry son impulsados por la UTIER. Esto trastoca la pureza del proceso ya que vemos como la unión esta poniendo sus recursos detrás de la candidatura de estas dos personas con la intención clara de luego tener influencias indebidas en la Junta de Gobierno. Esta elección es para los consumidores, no las uniones”, dijo Rivera.

Carmen Rivera fue enfática en que no le interesa que el DACO paralice la elección y la restituya como candidata.

“El tiempo de mi candidatura ya pasó, así lo acepte luego de la determinación del Tribunal.  Lo único que procuro con esta querella es que las personas que ocupen los cargos de representante de los consumidores luego de esta elección cumplan con la ley y realmente vayan a la Junta de Gobierno a representar los mejores intereses de los consumidores, no los intereses de grupos y personas particulares”, puntualizó.