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En el momento que los consumidores en Puerto Rico están siendo abacorados por impuestos depredadores, aumentos exorbitantes en sus facturas de agua sin poder consumir la misma, el Gobierno de Puerto Rico tuvo de la oportunidad de proveernos en especial a las personas de edad avanzada un alivio en su costo de vida.

El pasado 21 de julio del 2015 el Gobernador de Puerto Rico y Ex Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) Alejandro García Padilla veto el Proyecto de la Cámara 2107 cual le representaría un alivio al bolsillo de miles de consumidores en Puerto Rico. El alivio consistía en que los consumidores no estarían obligados a pagar hasta $5 mensuales por recibir su factura impresa de los servicios prestados.

Dicha medida radicada en septiembre del 2014 pretendía según destaca su exposición de motivos,  “no se puede obligar al consumidor a poseer un servicio de comunicación electrónica para consultar sus facturas, ya que las mismas son un documento que por derecho se debe recibir gratuitamente. El derecho del consumidor a recibir la factura en papel no debe quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna”.

Luego de ser aprobada en la Cámara, el 19 de junio del 2015 el Senado aprobó dicha medida. La medida contó con el respaldo de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), que en su memorial explicativo, avaló la aprobación  y concurrió con la medida al establecer que no se puede obligar a un consumidor a poseer un servicio de comunicación electrónica para consultar sus facturas, ya que las mismas son un documento que por derecho se debiera recibir gratuitamente.  La JRT entiende “que la manera que algunas compañías lo han estructurado, no ha sido de la manera más justa para el consumidor.”

A manera de ejemplo, la JRT indica en su ponencia que dentro de las compañías que regulan, existe una compañía de cable que ha impuesto un cargo de  $3.00 por el envío de la factura por correo.  Indican que “si bien es cierto, que el cargo es eliminado al suscribirse al recibo de la factura por correo electrónico, el mismo es uno desproporcionado considerando que el costo del envío de la factura es uno muy lejano al de $3.00. 

 El  Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Justicia también avalaron la medida.

 

Según un estudio de las empresas Scarborough y Nielsen, en Puerto Rico hay 751,454 personas que no se conectan a la Internet, del que un 85 % son personas mayores de 50 años. Esto representa la cantidad de 638,735 consumidores.  Para los efectos de este análisis asumamos que el  50% de estos consumidores poseen algún tipo de servicio de televisión y/o telefonía móvil cuyo cargo por factura es de $3 mensuales. Estamos hablando de $11, 497,246 de alivio que podrían haber recibido los consumidores por el mero hecho de que el Gobernador hubiese aprobado el P de la C 2107. A esto hay que incluirle que para esos consumidores poder recibir sus facturas electrónicamente tendrían que poseer un servicio de internet cuyo pago mínimo mensual esta en alrededor de $20 cual representa un costo anual de $240. Estamos hablando de $76,6 millones al año de costo a los consumidores y de ingresos a las compañías,

En www.doctorshoper.com entendemos que por otro lado, estas empresas por su afán de lucro también se están dando un tiro en un pie ya que son muchos los consumidores en especial los de edad avanzada que viven de una pensión fija que continúan dándose de baja de los de televisión paga o dándose de baja de su servicio de telefonía fija para poder mitigar el gasto. Esto al final también representa una disminución de ingresos para el mismo Gobierno ya que estos servicios tienen incluidos en sus costos partidas contributivas.

Para algunos de los oponentes de la medida a lo mejor $3 mensuales no es nada pero para una maestra retirada que recibe $600 de pensión mensual, $3 es la razón de verse obligada a cancelar el servicio. 

Pero algo que nos levantó suspicacia fue el cabildeo por parte de las compañías que se oponían a la medida. Al ver que sus reclamos para que no se aprobara la medida, tanto en la Cámara como en el Senado,  ya que nuestro entender no presentaron argumentos  convincentes que justificara dicho cargo, enfilaron sus cañones a Fortaleza. Y como los buscones de Fortaleza están desesperados por mantenerse chupando del Gobierno se prestaron a vetar la medida.

Fuentes nos informan que uno de esos mercenarios (cabildero) que influenció alegadamente para que se vetara la medida fue el “no hallado culpable” en su caso Federal {Caso Criminal: 08-36 (RTB)} Aníbal Acevedo Vila. Nuestras fuentes nos informan que empresa líder en el mercado de celulares también tiene a Acevedo Vila en su “roster” de cabilderos. A ese mismo jurado compuesto de consumidores en Puerto Rico cual no lo hallaron culpable de sus alegados delitos,  también les dió la estocada.

Tampoco podemos olvidar que el “no hallado culpable” fue jefe del actual Gobernador y de muchos de los chupones que actualmente trabajan en Fortaleza.

También hay que preguntarse el porqué los ayudantes del Gobernador no acudieron a las vistas publicas a cuestionar la medida y permitieron que dinero del consumidor fuera invertido en una medida que hacia justicia a los consumidores.

Pero peor aún el venir el Gobernador a despachar el veto de la medida de la siguiente forma y citamos:

“Dicho proyecto, va contra la política pública de su gobierno de favorecer el uso de la tecnología para promover una mayor eficiencia y acceso de los ciudadanos a los servicios públicos”.

Algo que el gobierno que dirige ha demostrado ser unos incompetentes en su implementación.

La pregunta que  hacemos en www.doctorshoper.com es:

Alejandro, ¿a cambio de qué nos traicionaste por $3? ¿Es que la defensa del consumidor se te olvido tan pronto saliste de DACO?

“By the way” también hay que cuestionar el porqué la oposición política ha estado silente ante esta injusticia. ¿Será que también son igual de traicioneros y por eso callan? Esa es la pregunta.