Centro Unido de Detallistas
San Juan, Puerto Rico - El Centro Unido de Detallistas (CUD), por voz de su presidente Rubén Piñero Dávila, calificó de inauditas las enmiendas que pretende integrar la Legislatura a la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico. Esto, porque elimina importantes excepciones que hacen posible la supervivencia de los pymes y aumenta exponencialmente el costo de permisos, licencias y multas aplicables, entre otros conceptos.
En cuanto a las licencias, certificaciones y permisos requeridos, el Proyecto del Senado 829 original los aumenta diametralmente, de $25 a $500 y de $50 a $1,000. El marbete anual también tendrá un costo, pero lo deja a discreción de la reglamentación subsiguiente. Además, integra al registro de rotulista el requerimiento de una licencia a un costo de $50 a $1,000. El resultado es que solo las empresas con mayor capacidad económica podrán asumir estos costos.
“Si a todos estos incrementos le agregamos los altos costos operacionales actuales y la situación económica por la que atraviesa el País, es la receta para eliminar a los pymes de la industria y dar paso a una monopolización inminente del mercado en manos de una compañía extranjera. Se trata de 16 empresas nativas que generan 450 empleos directos e indirectos que están en peligro de desaparecer”, recalcó el Presidente del CUD.
Piñero agregó que “el Centro Unido libró por años una batalla incesante a favor de los pymes para que se exceptuara de la ley a los rótulos de 100 pies o menos, hasta que lo logramos. Sin embargo, en una acción injustificada, el proyecto en cuestión elimina de un plumazo dicha excepción, poniendo a miles al borde de cierre o quiebra con tanto aumento costos operacionales”.
Y para completar el panorama, viene un aumento drástico de multas y penalidades de $100 a $1,000 y de $200 a $2,000, para casos de renovación tardía de licencia, y de $3,000 a $25,000 por violación, en otras eventualidades. En la mayoría de estos casos las multas son impuestas por día, extensivas no solo al rotulista, sino también al anunciante y dueño de la propiedad o terreno donde ubica el anuncio.
Si bien reconocemos que la medida integra una salvaguarda a aquellos derechos y permisos adquiridos, la misma establece que de haber cualquier cambio a dicha estructura, aplicará las disposiciones de la nueva ley, perdiendo así la empresa el permiso previamente obtenido bajo las disposiciones de la ley anterior. Esto, en definitiva, restringe al empresario y le frena en llevar a cabo mejoras y remodelaciones para estar al día con la tecnología y evolución de la industria, y así ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
“Estamos conscientes de que la Asamblea Legislativa debe atemperar la regulación local con la existente a nivel federal. Sin embargo, hay que dejar claro que los cambios que busca el Proyecto del Senado 829 exceden los términos de atemperar y llega a la penalización del sector que lleva sobre sus hombros el desarrollo de una economía sustentable para Puerto Rico, así como a sus empleados, suplidores, imprentas y contratistas. De esta forma no lo vamos a conseguir”, puntualizó Piñero Dávila.