La investigación federal que detectó la conspiración de fijación de precios por parte de tres compañías navieras que ofrecen servicios a la Isla no ha concluido, supo El Nuevo Día.

La pesquisa no es la ofensiva de mayor tamaño que ha gestionado el Departamento del Justicia federal en términos de combatir prácticas monopolísticas, pero en estos momentos fue descrita como una investigación “muy grande”, parece involucrar a más empresas relacionadas con la importación de bienes a la Isla y reviste de “la más alta prioridad” para las autoridades federales, dijeron personas allegadas a esta.

La semana pasada, Crowley Liner Services admitió ante la corte federal en Puerto Rico que durante los años 2006 al 2008 se puso de acuerdo con Sea Star Line y Horizon Lines para fijar los precios que cobran por transportar a y desde la Isla todo tipo de bienes desde o hacia Estados Unidos continentales. Sea Star y Horizon -que habrían incurrido en el esquema de fijación de precios desde el 2002- se declararon culpables por los mismos hechos el año pasado.

Sufrió el bolsillo boricua

Las autoridades federales no han ofrecido estimados de cuánto daño pudieron causar las prácticas de fijación de precios por parte de las navieras a la economía y los consumidores puertorriqueños y que prevalecieron por espacio de seis años.

Sin embargo, el economista José Alameda destacó que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) para los años 2003 al 2008 -periodo en el que estuvo vigente el esquema de fijación de precios- reflejó una inflación promedio anual de 4%.

Luego de que se descubrió y penalizó la práctica de fijación de precios, el aumento fue de apenas 1.4% para el periodo de 2009 a 2010.

“Ahora, lo que no sabemos es cuánto de ese costo de transportación se debe al esquema de fijación de precios que ellos tenían en ese periodo (en Puerto Rico)”, apuntó Alameda y añadió que es difícil de precisar sin que se realicen estudios exhaustivos.

Esto ya que, al igual que en Hawai, en Puerto Rico, los productos son más caros porque tienen costos de transportación adicionales a los de los estados continentales, incluido el efecto de las leyes de cabotaje.

Más caros los alimentos

Sin embargo, una fuente ligada a la industria calculó que, entre el 2002 a 2007, alimentos como la lechuga, el tomate, las papas y la cebolla experimentaron incrementos en precio al consumidor cercanos al 23%. La fuente calculó los aumentos en tarifas de las navieras, el costo para el mayorista y luego lo que le terminó costando al detallista una vez lo puso a la venta en la góndola.

“Es posible que ante la baja en la economía se incurriera en la práctica para mantener los márgenes y eso se convierte en una especie de impuesto a la gente”, dijo Alameda.

Lo que sí se sabe, reconoció el economista, es que hay un grupo de empresas que fueron indemnizadas por la práctica como secuela de la demanda incoada contra las navieras conspiradoras en al menos $68 millones. De esa cifra, empero, no llegará un centavo, que se sepa, para indemnizar al consumidor.

Lo que ganaron las navieras

Según Justicia federal, en el caso de Sea Star, la empresa gestionó en ventas por sus envíos a Puerto Rico unos $1,100 millones y Horizon Lines gestionó otros $1,400 millones entre el 2002 y el 2007. Crowley Liner, que participó de la conspiración menos tiempo -entre el 2006 y el 2008- dijo que los contratos afectados por sus prácticas fueron menos del 5% de la gestión comercial, sin ofrecer cantidades monetarias.

Pero según los documentos de esa naviera ante la Comisión de Bolsas y Valores, Crowley Liner (que sirve a Puerto Rico y el Caribe) aumentó sus ingresos operacionales en 3.8% hasta $663.1 millones en el 2006. El alza estuvo asociada a un aumento de casi 11% en el ingreso promedio por contenedor equivalente de 20 pies (TEU) como resultado de “aumentos en los cargos por servicios y combustible” y el aumento compensó “parcialmente” el descenso de 6.4% en el volumen de contenedores, “particularmente debido al mercado de Puerto Rico”.

Sin mucho ruido

Contrario a acusaciones por narcotráfico, por fraude al programa Medicare o por fraude hipotecario que se han gestionado recientemente en la Isla, las tres admisiones de culpabilidad corporativas, así como las declaraciones de culpabilidad de cinco ejecutivos que cometieron las violaciones contra la ley federal de Antimonopolio Sherman, se produjeron en la sala del juez federal Daniel Domínguez sin mucha divulgación pública, salvo comunicados de prensa oficiales.

En contraste, las sentencias logradas en estos casos -que han sido gestionados con recursos técnicos y fiscales asignados desde Washington, D. C.- figuran entre las más importantes victorias de la División de Antimonopolio del Departamento de Justicia federal.

De acuerdo con esa división, las tres empresas navieras pagaron en conjunto unos $46.2 millones en multas, siendo estas, tres de las 15 multas impuestas a empresas estadounidenses desde 1996 hasta julio de este año. Asimismo, las multas contra los navieros que conspiraron fijando los precios por servicios ofrecidos en Puerto Rico son las únicas que se han impuesto en la categoría de cargos de transporte costero marítimo del total de 96 multas impuestas en los pasados 16 años.

Marie Custodio y Rafael Lama colaboraron en este reportaje.

Otras multas por prácticas monopolísticas se han impuesto en actividades de carga aérea, productos tecnológicos, químicos y hasta vitaminas, entre otras.

La pena más severa

Además, la sentencia de 48 meses contra Peter Baci, otrora ejecutivo de Sea Star Lines, es la pena más severa que se haya impuesto en casos de antimonopolio. Baci es uno de cinco ejecutivos, algunos trabajando para Horizon Lines, convictos por la conspiración. Frank Peake, otrora presidente de Sea Star, encara juicio por los mismos crímenes en enero próximo.