Primera Hora

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones llevó a cabo durante la mañana de ayer, lunes, un operativo simultáneo en tres centros de acopio de metales en el municipio de Toa Baja.

El primero en ser intervenido fue el establecimiento Yam Metal Inc. ubicado en el kilómetro 16.5 del barrio Candelaria. Las autoridades ordenaron el cierre del negocio, luego que encontraron que el centro de acopio estaba operando sin los permisos requeridos por ley y que el Departamento de Hacienda le impusiera una multa de $11,000.

La directora de la Junta, Sandra Torres, detalló que el negocio tenía un contador de agua no registrado en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), baterías de vehículos con material tóxico, al igual que cilindros de gas en violación a la ley de la Junta de Calidad Ambiental, además de carecer de la certificación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para operar la balanza donde se pesaban los metales. Tampoco tenía servicio de energía eléctrica.

 Además, se le imputa al comerciante a quien las autoridades le habían cerrado otro negocio muy cerca, pagar en efectivo por los metales adquiridos lo que viola la ley.

 “Hemos encontrado cobre perteneciente a la Autoridad de Energía Eléctrica, cobre perteneciente a residencias, o sea, que se usa para transmisión de luz de manera residencial y básicamente está operando sin los permisos de uso de este lugar, porque tiene unos permisos que pertenecen a otro local”, explicó Torres.

 Al momento de llevarse a cabo la intervención en el negocio, cuyo propietario es Miguel A. Ortiz Soler, un cliente fue arrestado al llegar a vender cobre de manera ilegal.

 Israel Rolón Rivera, del barrio Galateo, a quien le pertenecía el cobre que fue ocupado como evidencia, parecía desconocer que estaba violando la ley al pretender vender el metal y, tras leérle las advertencias, quedó detenido.

 “No, no robo, lo que hago es trabajar, ese muchachito hoy no duerme (en referencia a un menor que estaba en el lugar y que es su hijo), ése es el nene mío”, declaró a este medio Ortiz Soler, mientras mantenía un intercambio verbal con Torres a quien le reclamaba por intervenir excesivamente en sus negocios, aunque admitió que falló al pagar en efectivo por la compra de metales.

 “Eso es una negligencia tuya, traer un hijo tuyo menor de edad a este tipo de centro, esto no es sitio de tener los niños”, replicó la funcionaria.

 Torres, por su parte, le advirtió que en los pasados dos años la junta ha intervenido en más de una ocasión 268 negocios de este tipo en Puerto Rico.

 “No queremos limitarle a nadie su oportunidad de ganarse el dinero, pero te lo tienes que ganar honradamente”, declaró Torres, tras aclararle que los permisos para operar ese tipo de negocios no son transferibles como él pretendía hacerlo, ni se expiden de manera provisional.

 Al inicio el operativo, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, declaró que el robo de las tapas de las alcantarillas ha ido en aumento en su municipio durante los pasados dos años, lo que los ha obligado a soldarlas para evitar que las remuevan los ladrones.

 “Nos ha creado un problema porque en todas nuestras comunidades han sido robadas, los usuarios se dedican a robarlas, pero esto nos crea un problema y estos comerciantes las compran, sabiendo que no deben comprar. En los pasados dos años hemos invertido $250,000”, exclamó Vega Borges, quien indicó que las facilidades deportivas también se han visto afectadas.

También se intervino el centro de acopio GEMA localizado en el barrio Campanillas de Toa Baja, donde expidieron una multa de $1,000 porque no estaba exhibiendo la patente municipal.

 El tercer negocio en ser inspeccionado fue el centro Borincuba con operaciones en el barrio Camasey donde encontraron que cumplía con los requisitos en ley.

 Este año la junta ha realizado alrededor de 122 intervenciones en estos centros a los que han visitado en más de una ocasión para verificar si corrigieron los señalamientos anteriores.

“Queremos que el reciclaje continúe, pero no podemos permitir que se haga en violación de ley”, sentenció Torres.