20 de octubre de 2016

El Vocero

Mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) espera por la Junta Federal de Control Fiscal para saber cómo operará, se continúa afectando su capacidad para seguir funcionando. Hay proyectos de alcantarillado sanitario completamente detenidos y más de 11 mil reparaciones pendientes en carreteras donde atendieron los salideros, pero se quedaron cortos a la hora de reparar el asfalto.

Hay, además, una deuda de $120 millones con los contratistas que esperaban pagar con una emisión de bonos que está detenida otra vez.

El presidente de la AAA, Alberto Lázaro, dijo que a la corporación pública le quedan entre seis meses y un año para resolver la crisis fiscal que viene arrastrando.

“En el paso que llevamos ahora mismo, quizás de seis a doce meses que podamos seguir aguantando. No mucho más que eso. Yo espero que en seis a doce meses se tenga el tema resuelto. Yo creo que sería razonable”, dijo.

Su expectativa es que la junta los convoque para el mes entrante, pero la realidad es que no lo han citado. La otra realidad es que la junta no se está moviendo tan rápido, evidenciado en el hecho de que todavía no han designado un director ejecutivo y que han sostenido solo dos reuniones desde su designación.

Lázaro aseguró que la emisión de bonos de $900 millones que se supone fuera facilitada por la ley de reestructuración aprobada en el verano, está paralizada en espera de lo que decida la junta.

La posibilidad de un aumento tarifario, o recortar gastos y hasta negociar un recorte con los bonistas, todo, dijo, está paralizado hasta que la junta decida cómo proseguirá con la corporación de agua.

“Toda la ley local que tenga que ver con financiamiento ahora tiene que esperar. Todos los financiamientos están sujetos a la aprobación de la junta. Eso nos detiene un poco lo que se pretendía con la Ley 68”, dijo Lázaro. “Por lo menos a corto plazo lo retrasa porque no vale la pena continuar con el esfuerzo hasta tanto no tengamos una línea clara de cuál es la política o el plan a seguir, el plan fiscal que ellos finalmente aprueben. Tenemos una idea de lo que pensamos que es más viable y que provee las mejores herramientas de sustentabilidad a largo plazo, pero la determinación ya no recae totalmente en nosotros”.

En su reunión del pasado viernes, la junta colocó a la AAA – y a otras entidades- bajo su jurisdicción. Lázaro adelantó que el plan a diez años que presentarán a la junta incluirá “todas las alternativas”, que van desde un aumento tarifario hasta un recorte a los bonistas.

“Ellos van a tener que evaluar todas las alternativas y las tienen que sopesar contra el efecto que tenga un aumento tarifario en la economía y en los recaudos. No es una decisión que van a poder tomar en el vacío”, dijo Lázaro. “Nuestro plan no es un plan de aumento. Es un balance entre todas las partes interesadas, desde los clientes, los reguladores, la propia autoridad y los bonistas. Tiene que ser una solución que balancee la carga. Nuestra visión es que sea una solución balanceada”.

No es poco lo que está paralizado en la AAA. Además del pago de $120 millones a los contratistas, están detenidos proyectos de alcantarillado sanitario en Vega Baja, Dorado y Las Croabas en Fajardo.

Según Lázaro, la AAA ha continuado la reparación de salideros, pero se han quedado cortos a la hora de reparar el asfalto que se rompe para atender estos salideros.

“Hay como once mil reparaciones pendientes de asfalto”, sentenció.