19 de julio de 2024

El Vocero

Un gran jurado federal presentó una acusación de 17 cargos contra cuatro personas por participar en una presunta conspiración de soborno y fraude electrónico en un plan para defraudar al Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP), anunció W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Según informó la Policía, los acusados fueron identificados como Juan Carlos Cruz Hernández, Verónica Forte Roig, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario.

Se indicó que tres de ellos fueron arrestados y tendrán su comparecencia inicial ante el juez Marcos E. López, mientras que Báez Flores está pendiente de arresto.

Según los documentos judiciales, Báez Flores y Figueroa Rosario eran empleadas del DTOP asignadas a trabajar en los centros regionales de servicio a conductores (CESCO), ubicados en Caguas y Carolina.

Ambas eran responsables de acceder a la información de conductores y vehículos y, entre otras cosas, poseían la capacidad de eliminar multas de conductores y vehículos.

La investigación apunta a que Cruz Hernández y Forte Roig negociaron e hicieron pagos de sobornos a Báez Flores y Figueroa Rosario a cambio de ciertos actos oficiales, incluido el acceso a la información de DTOP-CESCO, la obtención de documentación duplicada y la eliminación de multas de conductores y vehículos.

Asimismo, se desglosa de los documentos que desde noviembre de 2018 a octubre de 2023, Báez Flores recibió más de $62,000 en pagos de sobornos de Cruz Hernández y Forte Roig.

De igual forma, desde abril de 2019 a junio de 2023, Figueroa Rosario recibió más de $7,000 en pagos de sobornos de Cruz Hernández y Forte Roig.

Se indicó que gran parte de los pagos fueron hechos directamente a Báez Flores y Figueroa Rosario a través de ATH Móvil.

"La persecución de delitos de corrupción pública, en todos los niveles del gobierno, sigue siendo una prioridad para la Fiscalía Federal. El soborno de empleados gubernamentales no será tolerado. Ni a nivel municipal, ni a nivel del Estado Libre Asociado, ni a nivel federal", dijo Muldrow.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, mientras que la fiscal federal adjunta, Marie Christine Amy, lleva el caso.