9 de agosto de 2017

El Vocero

El gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley varias medidas en "beneficio de los municipios", entre ellas, el proyecto de la Cámara 991 que "establece un procedimiento ágil para para que los municipios puedan imponer multas y mitigar deudas de manera más efectiva en aras de recuperar los gastos de limpieza invertidos en las propiedades declaradas como estorbos públicos".

Varios sectores habían expresado su oposición a este proyecto, de la autoría del representante José "Memo" González.

Según se dio a conocer en un comunicado, la iniciativa dispone un proceso certero con parámetros claros dentro de los cuales los municipios deben operar para llevar a cabo un procedimiento de expropiación forzosa.

El proyecto contó el voto bipartita en ambos cámaras legislativas y "garantiza que las comunidades continúen siendo escuchadas como hasta el presente en situaciones de expropiación forzosa o de declaración de estorbo público".

Según el gobernador, en un procedimiento de expropiación forzosa las comunidades o los particulares tendrán derecho a emitir su posición en el proceso de consulta de ubicación.

En el proceso de declaración de estorbo público la ciudadanía seguirá teniendo derecho a exigir una vista para oponerse a la intención de declarar una propiedad como estorbo público.