27 de junio de 2016

El Nuevo Dia

Las pensiones de alimentos a menores no escaparon de los embates de la crisis fiscal que vive el País, y así lo demuestran el alza en modificaciones de pensiones y la baja en recaudos  producto de la retención de los reintegros contributivos estatales. 

La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Rosabelle Padín Batista, indicó que la decisión del Departamento de Hacienda de retener los reintegros por la insuficiencia de fondos del erario tuvo su impacto sobre las pensiones. Precisó que los reintegros que corresponden a deudores de pensiones -por intercambio de información  entre Hacienda y Asume- son incautados para hacer los correspondientes pagos para beneficio de los menores. 

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Sin embargo, esa incautación no se pudo hacer en el 2015 porque Hacienda no envió a tiempo y retuvo una gran cantidad de reintegros. 

“Lo que se retuvo de reintegros provocó que el año pasado tuviéramos una disminución de los recaudos recibidos en la agencia. En el 2015 (por año fiscal federal), culminamos el año con un recaudo de reintegros contributivos estatales  de cerca $2,155,817. Tuvimos una merca en ese renglón de cerca de $6 millones por concepto de recaudos en reintegros contributivos estatales  en comparación con el  año fiscal anterior (2013-14)”, dijo Padín Batista.  

“En lo que va de año, ya tenemos (recaudados) poco más de $4 millones en reintegros contributivos. Así que casi duplica lo que fueron los recaudos de reintegro del año pasado”, agregó. 

Atribuyó el alza que se perfila para este año fiscal a la liberación de los reintegros. El Departamento de Hacienda culminó este año con la repartición de reintegros. 

La funcionaria dijo que otro renglón en el que la agencia pudo ver el efecto de la crisis económica concierne a las estadísticas sobre establecimiento y modificaciones de pensiones. 

“No las tengo segregadas, pero en establecimiento y modificaciones hubo un aumento de alrededor de 395 casos”, destacó. 

“Puede ser que las personas están solicitando que se establezca por primera vez (la pensión) o están solicitando que se modifiquen”, aclaró. 

Recordó que las guías de pensión de alimentaria, que fueron modificadas en el 2014 y fijan las pensiones por nivel de ingresos, permiten que una de las partes -sea el padre o la madre del menor- pidan modificación de una pensión si experimentaron un cambio en su situación económica. 

“Si (el padre o la madre) ha tenido un aumento o una disminución en ingresos, la persona va a solicitar una modificación, lo que es un barómetro (para saber cómo han sido impactadas las pensiones por la situación económica del País)”, explicó Padín Batista.  

Con eso presente, el economista Antonio Fernós, no descartó que haya una baja en el pago de las pensiones alimentarias. Explicó que aún se desconoce cuál será el proceder de la inminente junta decontrol fiscal federal, que pudiese impactar el empleo público. “Si el proyecto Promesa se convierte en ley, puede tener el efecto de recortes de empleo en el sector público, lo que puede impactar las pensiones”, advirtió. 

Dijo que esto podría tener un efecto en cadena porque no solo equivaldría a modificaciones de pensiones sino que como el proceso no es rápido, puede aumentar la cantidad de personas morosas o que dejen de pagar pensiones.