En la demanda de Pellerano Nadal contra su exsocio se pide al tribunal que determine una sentencia declaratoria por la violación de deberes fiduciarios, el incumplimiento de contrato, engaño y fraude (“dolo”), y por daños y perjuicios. Exige además se declare un interdicto para que Guerrero deje de sacar fondos del negocio Autogermana. La demanda también incluye a la esposa del exministro Guerrero, Milagros Mena García.

Pellerano Nadal contrató al principal bufete de abogados en Puerto Rico, McConnnell Valdés LLC, firma con sobre 100 abogados y oficinas en varios estados en los Estados Unidos.

El caso, que sigue bajo un estricto manto de silencio en Puerto Rico, coincide con las pesquisas por corrupción que se llevan a cabo contra Guerrero en la República Dominicana. Allá el exministro es investigado e interrogado por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestas irregularidades en su declaración jurada de patrimonio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, lavado de activos, falsedad de documentos, corrupción administrativa y estafa contra el Estado dominicano.

En la demanda de más de 70 páginas se evidencia que Guerrero “utilizó sus influencias en la política y gobierno de la Republica Dominicana, para infligir el golpe definitivo a Pellerano y quedarse con el control de las acciones de Autogermana, privando así a su socio de negocios del rendimiento y los beneficios a los que contractualmente tenía derecho”.

Además de ser exministro en su país, Guerrero es conocido en los sectores comerciales y en la industria automotriz de Puerto Rico porque por un tiempo presidió el banco Chase, y era asiduo en eventos sociales. Es dueño otros dealers de autos como AutoCentro Toyota, AutoCentro Nissan y AutoCentro Chrysler.

LOS HECHOS

 

“El pleito versa sobre una historia de traición y deslealtad, tanto en el plano personal como en el comercial de negocios”, comienza la demanda, en la que se narra con lujo de detalles, cómo Guerrero hizo trampas para quedarse con el negocio de Autogermana y sacó fondos de éste para comprar sus demás negocios.

Pellerano Nadal trajo a Guerrero a trabajar en Puerto Rico en Autogermana, le dio el puesto de gerente general y le concedió cerca de un 25% de participación, pero él retuvo sobre el 80% de su negocio. De esa manera, mientras Guerrero estaba a cargo de la operación, Pellerano Nadal podía continuar con sus negocios en la República Dominicana y en otros países. Se suponía que Guerrero le pagara todos los meses, y que todas las decisiones las tomaran en acuerdo. Esto no pasó.

Guerrero empezó a tomar decisiones de manera unilateral, y en la demanda se alega que creó otros negocios para competir con el mismo Autogermana, lo que le robó al dealer de oportunidades comerciales. Entre éstos se mencionan: Autocentro, Autocentro Nissan, Autocentro Toyota, Smile Collision Center, Autocentro Más, Mini y Mid America.

También se alega que Guerrero tomó decisiones “para adelantar intereses personales egoístas, falsas representaciones, incumplimientos de contractos, alteración de información y registros, desatención de formalidades corporativas, actuaciones de mala fe, transacciones de conflictos de interés burdos, desvío impropio de recursos corporativos y uso de influencias para afectar los intereses de un socio comercial”.

No conforme con eso, se alega que Guerrero “desatendió y burló las formalidades y controles operacionales, ocultó y excluyó de gestiones de negocios significativas a su compañero director y accionista y utilizó sus influencias en la política y gobierno de la Republica Dominicana, para infligir el golpe definitivo a Pellerano y quedarse con el control de las acciones de Autogermana, privando así a su socio de negocios del rendimiento y los beneficios a los que contractualmente tenía derecho.”

Guerrero trajo de Santo Domingo a una serie de empleadas de su confianza y las ubicó en puestos claves, en los que le negaban acceso e información al dueño de la empresa, Pellerano Nadal. Como si eso fuera poco, desde el 21 de junio de 2019, Guerrero se autoproclamó presidente de la Junta de Directores de Autogermana y desde entonces ha estado tomando unilateralmente decisiones, sin el aval de Pellerano Nadal.

Parte de las transacciones ilegales que hizo Guerrero en Autogermana, que obligaron incluso a tomar préstamos, fueron hechas con el banco Westerbank. El Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) cerró el Westernbank, el R-G Premier Bank y Eurobanken el año 2010, por el colapso en sus operaciones y dificultades para mantenerse a flote en la recesión económica.

La demanda de Pellerano Nadal corrobora el vínculo que hay entre los esquemas de corrupción en la República Dominicana y cómo se alega que lavaron activos y desviaron fondos hacia Puerto Rico bajo la administración del expresidente Danilo Medina.

Estas investigaciones que encabeza la Procuraduría General de la República Dominicana son de noticias que acaparan el interés en el vecino país y tiene graves repercusiones en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico los medios noticiosos no lo quieren tocar, porque involucra anunciantes publicitarios.

Los esquemas que se evidencian en la demanda demuestran también algo que la industria automotriz en Puerto Rico quiere mantener oculto, ya que podrían tener amplias repercusiones de índole criminal en el mercado local. Esto incluye la manera en que se venden carros, se otorgan préstamos y se promueven los seguros.

Esto es parte de diversas investigaciones que hemos venido publicando en los pasados tres meses en este medio En Blanco y Negro con Sandra, en el programa de radio y en las plataformas digitales sobre la llamada Operación Antipulpo, el caso de narcotráfico de César Peralta alias “César el Abusador”, y el caso de las Fortunas de la Corrupción.

Los portavoces del Grupo Unido de Importadores de Autos (GUIA) en Puerto Rico se niegan a dar declaraciones por lo tóxico de este caso. El presidente de la Asociación de Dealers de Autos de Puerto Rico (PRADA), Julio Ortiz, ha expresado a este medio que desconocía la investigación por fraude de la que es objeto Guerrero en Santo Domingo. Mientras, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, por medio de su portavoz Lymarie Llovet Ayala, ha expresado que no había una reacción oficial del Departamento de Justicia Federal por el momento.