29 de junio de 2009
Fiscal General de NY
23 de junio de 2009, Buffalo, Nueva York- El fiscal general del estado de Nueva York Andrew M. Cuomo anunció que su oficina ordeno el cierre de una operación de cobro de dinero que consistía de nueve compañías ubicadas en la parte oeste del estado de Nueva York, que eran operadas por el Sr. Tobias Boyland residente de la cuidad de Buffalo. Esta es la más reciente acción tomada por el fiscal general Cuomo como parte de una investigación en curso contra las prácticas de cobros ilegales. De acuerdo a cientos de querellas radicadas por los consumidores en diferentes entidades de ley y orden a través de la nación, personal de Boyland violaron leyes estatales y federales por hacerse pasar como oficiales de ley y orden, amenazando a los consumidores de que serían arrestados y encarcelados a menos de que ellos hicieran gestiones para pagar la deuda en cuestión inmediatamente. Bajo los términos establecidos en la orden del tribunal obtenida por la oficina de Cuomo en la Corte Suprema de Buffalo, todas las operaciones de Boyland en el área de Buffalo serán cerradas inmediatamente. "Sencillo y llanamente, esta compañía estaba siendo operada por personas que mentían, hostigaban y amenazaban a consumidores americanos que estaban atravesando por una situación financiera difícil. Haciéndose pasar por oficiales de la policía y amenazando a los consumidores de que los meterían preso – estas prácticas son deplorables como ilegales" declaró Cuomo. "Mi Oficina continuará atacando a estas entidades inescrupulosas y no claudicaremos hasta que cerremos cada una de ellas". De acuerdo con las acusaciones sometidas por la Oficina del Fiscal General, el Sr. Boyland quien había sido convicto en el pasado por felonía y tres otros individuos, Kayla Pritchett, Dellian Sharp y Dorian Wills eran los que operaban una red de cuatro empresas de cobro de dinero localizadas en el oeste del estado de Nueva York. Sharp y Wills también tenían antecedentes penales. Las agencias de cobro operaban bajo los siguientes nombres; Central Resource Management, Final Claims Asset Locators, Final Control Asset Locators, Intercharge Payment Solutions, Next Step Services, Portfolio Asset Assurance, Silverbay Services, y Teleport. Los cobradores realizaban llamadas telefónicas con un libreto previamente diseñado de lo que tenían que decirles a los consumidores para intimidarles a pagar sus deudas. Los cobradores se hacían pasar por oficiales de ley y orden amenazando a los consumidores con arrestarlos y encarcelarlos. Estos empleados falsamente le indicaban a los consumidores de que están siendo demandados en las cortes por no pagar sus deudas. La investigación realizada por el Fiscal General reveló que los cobradores con regularidad exigían pagos de deudas que no existían, reclamaban pagos de deudas que ya habían expirado la vigencia de las mismas o le inflaban descaradamente la cantidad que tenían que pagar por una deuda real. Utilizando sus identidades falsas como oficiales de la ley, coaccionaban y atemorizaban a los consumidores para que acordaran en pagarles las deudas. Aterrorizados con la posibilidad de ser humillados y encarcelados, los consumidores autorizaban a los cobradores de hacerles retiro de sus cuentas bancarias, enviar giros por Western Union u otro tipo de giros por temor. A los consumidores intencionalmente se les solicitaba que enviaran los pagos a nombres, direcciones y números de teléfonos falsos para hacerles ver que las agencias que les estaban haciendo el cobro estaban localizadas muy lejos de Buffalo, Nueva York. El Federal Debt Collection Practices Act, la Debt Collection and Consumer Protection Law del estado de Nueva York prohíbe las siguientes conductas ilícitas: hacerse pasar por una abogado, amenazar con demandar y tomar acción legal cuando no se puede hacer, decirles al consumidor de que cometió un crimen o será arrestado y solicitarles información a terceras personas con el propósito de localizarlo. La ley además requiere que las compañías de cobro les envíen una notificación por escrito dentro de los cinco días de haber realizado el contacto inicial explicándole al consumidor como disputar la deuda. Si la deuda es adecuadamente disputada la agencia de cobros deberá de detener la gestión de cobro y notificarle al consumidor por escrito la verificación de la disputa. El pasado mes de mayo el Fiscal General sometió acusaciones contra dos compañías de cancelación de deudas por estar realizando prácticas fraudulentas de negocio y publicidad falsa por estar ofreciendo planes de cancelaciones de deudas fraudulentos y que casi nunca cumplieron con lo prometido a los consumidores. En www.doctorshoper.com exhortamos a los consumidores que si han sido víctimas de estos inescrupulosos a que se comuniquen y sometan una querella en la página www.oag.state.ny.us .
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