6 de abril de 2009
My Florida Legal
TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, entabló juicio hoy a una compañía de Jacksonville y a sus directores por la participación de la compañía en fraudes en el rescate de ejecuciones hipotecarias. Según la demanda, National Foreclosure Counseling Services, Corp., dirigida por Raymond Paulk y Robert Dallavia, buscaba captar a los dueños de viviendas que enfrentaban ejecuciones hipotecarias y les cobraban anticipos por servicios de modificación de préstamos, con lo que violaban la ley de Florida. El Procurador General también solicitó al Tribunal de Circuito del condado de Duval que emita una medida cautelar (injunction) contra National Foreclosure Counseling Services exigiendo que la compañía detenga de inmediato el cobro de anticipos a los clientes antes de brindar los servicios. La investigación que realizaron los miembros de la División de Delitos Económicos del Procurador General, integrando la Fuerza Especial contra Fraudes Hipotecarios del Procurador General, descubrió que National Foreclosure Counseling Services, Corp, supuestamente, atraía clientes mediante mensajes de correo, que simulaban provenir de una agencia gubernamental, en los que sostenía que los consumidores habían sido seleccionados mediante programas especiales por "instituciones con garantía del gobierno", y afirmaba que los mensajes constituían un último intento de asistir a los propietarios antes de la ejecución. Antes de aceptar un propietario como cliente, National Foreclosure Counseling Services Corp., supuestamente le exigía al consumidor que firmara un "acuerdo de trabajo" que incluía un anticipo como "reserva" de alrededor de $1,800, un anticipo como "honorario de procesamiento" de $200, y un honorario de $125 por hora por servicios futuros. La demanda afirma, además, que la compañía no efectuaba los servicios luego del pago. National Foreclosure Counseling Services, Corp. ofrece servicios en el ámbito nacional y ya le han iniciado juicio los procuradores generales de Illinois y Minnesota. La demanda de Jacksonville, que también exige la indemnización de los consumidores, es una de las tantas iniciadas por el Procurador General desde que la Ley de Prevención del Fraude en el Rescate de Ejecuciones Hipotecarias entró en vigencia el 1 de octubre de 2008. La ley se refiere, en particular, a las compañías que declaran poder salvar las viviendas de la ejecución hipotecaria mediante la negociación o la modificación de las condiciones de las hipotecas de sus propietarios. Las multas por violar la ley pueden llegar a los $10,000 por violación o $15,000 si la víctima es un ciudadano mayor o discapacitado. La Oficina del Procurador General recibió miles de quejas sobre estas compañías y sus servicios en los últimos meses. Los consumidores que deseen presentar un reclamo sobre la compañía pueden hacerlo entregando una declaración jurada en la Oficina del Procurador General. Un formulario y las instrucciones se encuentran disponibles en http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/JFAO-7QQSK5/$file/Affidavit.pdf Una copia de la demanda se encuentra disponible en http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/JFAO-7QQSKU/$file/Complaint.pdf
